Casi siete meses después de que el anterior presidente del Granada CF, Paco Sanz, anunciara la posibilidad de acogerse a la Ley Concursal, ésta parece estar cada vez más cerca de Recogidas 35. No obstante, la intención de la actual junta gestora encabezada por Ignacio Cuerva es evitar llegar al denominado concurso de acreedores mediante la negociación de la deuda histórica del club.

La situación económica del club ha provocado la presentación de una comunicación previa en el Juzgado de lo Mercantil de la capital a tenor del artículo 5.3 de la citada ley, que habilita a que el deudor (el Granada CF) llegue a un acuerdo con sus acreedores antes de solicitar el concurso, por lo que a partir de ahora la entidad dispone de tres meses para tratar de reducir el importe de la deuda que se estima en torno a los diez millones de euros. Pasado ese plazo, el club tiene otro mes más para presentar el concurso si al final opta por elegir esta vía, dependiendo del resultado de las negociaciones que hayan llevado a cabo.

Cuerva, acompañado en la mesa por el vicepresidente Joaquín Rubio, el secretario Pedro González Segura y el abogado Javier López y García de la Serrana, reconoció que "es la mejor acción que podíamos llevar a cabo en defensa de los intereses del club. Con ella pretendemos iniciar un plan de viabilidad que nos permita tener futuro".

Para el presidente de la gestora rojiblanca "era la única opción que teníamos dada la deuda con la que cuenta la institución, ya que protege al Granada CF de la posibilidad de que alguno de nuestros acreedores, ante la pocas perspectivas de poder cobrar, optara por solicitar el concurso necesario que convierte el 25 por ciento de sus créditos en privilegiados".

Asimismo, el joven rector quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a toda la afición al entender que "con esta decisión, al ser un proceso largo, nos permite garantizar que la próxima temporada podamos centrarnos en cubrir el presupuesto y lograr los mejores resultados deportivos posibles, al margen de negociar con nuestros acreedores".

Así, se cifró la masa de acreedores en torno a quince personas o entidades, que reúnen en torno al 90 por ciento de la deuda histórica del club, casi todos ellos, excepto la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, integrada por antiguos dirigentes del club.

La voluntad es hacer frente a todas las cantidades como así expresó el mandamás rojiblanco. "El Granada CF quiere pagar pero para hacer viable el pago tenemos que negociar". Para ello, reconoció que "en los últimos meses hemos llevado a cabo negociaciones con Hacienda y Seguridad Social y en su interés está al menos en los primeros años facilitar al máximo los pagos, teniendo en cuenta hasta donde podemos llegar".

Por último, Ignacio Cuerva lanzó un mensaje de confianza en la Diputación de Granada de la que dijo "va a ir de la mano con nosotros en este duro camino".

Junto a él, intervino el abogado Javier López y García de la Serrana, profesional que colabora con la entidad y especialista en procesos concursales. El jurista inició su intervención diferenciando entre concurso voluntario (el que podría elegir el club) y que mantiene a los actuales mandatarios al frente del club bajo la supervisión de un administrador concursal con funciones de intervención, del concurso necesario, en el que la administración pasa a manos de un 'rector' judicial, y que se llevaría a cabo a petición de algún acreedor. Y es que se reconoció que la posibilidad de solicitar el concurso necesario por parte de un par de actuales acreedores del club, cuya identidad omitieron, ha precipitado la decisión de presentar la documentación en la fase previa al concurso.

Para García de la Serrana "esta medida lo que hace es proteger a la institución de posibles acreedores que puedan instar al concurso necesario y presionar así con el objeto de cobrar su crédito. En cualquier caso, pretendemos garantizar que sea el socio el que decida en la próxima asamblea defendiendo así los intereses de los dueños del club". Para el director del bufete HispaColex "lo que se busca es conseguir una quita que permita reducir la deuda porque si no se actúa, esto está abocado al fracaso", concluyó.