La Fiscalía del TSJA no descarta que pudiera derivarse alguna responsabilidad penal, como posibles delitos de malversación de caudales públicos o de subvenciones ilegales, de la financiación a cargo del Ayuntamiento o a través de empresas municipales al Granada CF.

Según un decreto del Ministerio Público al que ha tenido acceso Efe, continúan las diligencias iniciadas a raíz de la denuncia del presidente del Granada 74, Carlos Marsá, en la que acusaba al alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), y al edil de Deportes, Juan Casas, de subvencionar al Granada CF de manera irregular en los últimos años.

El fiscal resuelve llevar a cabo diligencias de investigación, entre las que se encuentran dar traslado de la denuncia y la documentación aportada al alcalde y al concejal de Deportes, para que puedan hacer las alegaciones pertinentes y presenten las pruebas documentales para su defensa.

Además se pide al interventor del Consistorio granadino que certifique las cantidades entregadas "en cualquier concepto" al Granada CF o a otra sociedad relacionada con éste desde 1999 hasta la fecha y que especifique los conceptos por los que fueron entregadas las partidas presupuestarias a las que fueron cargadas y el informe de regularidad de los gastos que comportan.

Socilita a los representantes legales de las empresas Emasagra, Emuvyssa, Emucesa e Inagra para que también informen sobre las cantidades entregadas durante el mismo período "aportando los documentos que constituyen la causa del desplazamiento patrimonial".

En el decreto, el fiscal fundamenta que "no puede descartarse" que los hechos expuestos en la denuncia "pudieran entrañar alguna responsabilidad con trascendencia penal, cuando menos y a salvo de todas las comprobaciones oportunas, como alguno de los delitos de malversación de caudales públicos o de subvenciones ilegales".

No obstante, según el Ministerio Público, en este momento resultaría "precipitado", sin conocer el soporte documental que pueda acreditar o no los hechos denunciados, citar a las personas que aparecen como responsables en la versión del denunciante, Torres Hurtado y Casas.

Al respecto, añade que este extremo "en su caso sería procedente en un momento posterior", sin perjuicio de que los mismos puedan tener conocimiento del contenido de la denuncia y hacer alegaciones.

Según la denuncia, el dinero obtenido por el Granada CF, que ha atravesado una profunda crisis económica, habría sido utilizado para el pago de deudas, sueldos de jugadores, o de otro tipo.

Dichas aportaciones habría sido justificadas como subvenciones o a través de contratos de publicidad y se habrían abonado no a una cuenta del club sino al de una sociedad constituida por su presidente especialmente para eludir embargos de la Seguridad Social y de Hacienda.

Se manifiesta en la denuncia que el ayuntamiento es acreedor del club, constándole además a los denunciados las deudas, con lo que la concesión de la subvención sería irregular por infracción de las normas establecidas en la Ley de Subvenciones.