Dos hechos aparentemente inconexos coincidieron ayer, aunque juntos suponen una doble presión al Gobierno central para conceda la ayuda pública solicitada por las filiales del grupo Abengoa, lo  que supondría que todo el negocio de la cotizada sevillana pasase a manos extranjeras en menos de un mes, ya que la concesión supondría que el 70% de la filial Abenewco 1, que agrupa los activos, sea comprada por el comisionista estadounidense Terramar Capital, mientras el otro 30% quedaría en manos de fondos de inversión foráneos liderados por KKR.

Casi al mismo tiempo trascendió la convocatoria de movilizaciones de la plantilla de Abengoa contra el Gobierno para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) apruebe la citada ayuda y el auto del juez del concurso que obliga a que las propuestas de convenio anticipado estén presentada el 1 de julio, un día después de que acabe el plazo para que el Gobierno haya resuelto el expediente presentado con cargo al Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Precisamente ayer, la ministra Reyes Maroto volvió a dejar en el aire el rescate. Dijo que  debe ser “prudente” con este tema, dado que la SEPI está analizando la situación y rechazó manifestarse acerca de la propuesta de Terramar.

La decisión judicial es la más trascendente. El magistrado  Francisco Javier Carretero Espinosa de los Monteros, magistrado responsable de la Sección III del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, dictó ayer un auto por el que declara finalizada de forma anticipada la fase común del procedimiento del concurso de acreedores de Abengoa SA, que fue declarado por su antecesor, el magistrado Miguel Ángel Navarro, el 24 de febrero de 2021. Simultáneamente, el auto  decreta la apertura de la fase de convenio.

En el auto, difundido a los medios de comunicación por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez sustituto acuerda igualmente de comience la tramitación escrita del convenio, para la que fija un plazo de un mes, hasta el 1 de julio, que será el periodo habilitado para presentar las propuestas de convenio.

El auto se dicta a instancias de la administración concursal de Abengoa SA, ejercida por EY Abogados, que es quien ha solicitado el cierre de la fase común y la apertura de la fase de convenio y que lleva meses amparando las decisiones de los gestores que abogan por Terramar y algunos de los cuales tienen pagos personales vinculados al éxito de la operación.

La petición se ha hecho de forma que la fecha final prácticamente sea inmediatamente posterior al 30 de junio, que es cuando finaliza el plazo que tiene el Gobierno para pronunciarse sobre la ayuda solicitada por seis filiales del grupo (Abengoa Agua, Abengoa Energía, Abener Energía, Abengoa Solar España, Abengoa Operación y Mantenimiento e Instalaciones Inabensa) al fondo que gestiona la SEPI, por importe de 249 millones de euros.

El juez, que cumple un paso obligado en la tramitación del concurso de acreedores, fundamenta esta decisión, en que los textos provisionales presentados por la administración concursal contemplan que las impugnaciones del inventario de la lista de acreedores afectan a menos del 20% de la masa activa o pasiva del concurso.

“La presentación de adhesiones u oposiciones a las propuestas de convenio deberán ser presentadas en el plazo de dos meses contados desde la fecha de este auto”, dispone el juez en cuarto lugar en su auto, con lo que da de plazo a los acreedores hasta el 1 de septiembre próximo.

El auto recuerda en sus fundamentos jurídicos que el primer apartado del artículo 307 del Texto Refundido de la Ley Concursal autoriza al juez a poder “ordenar la finalización anticipada de la fase común y la apertura de la fase de convenio o de liquidación, sin perjuicio del reflejo que las impugnaciones puedan tener en los textos definitivos y las medidas cautelares que pueda adoptar para su efectividad”. Además, el juez explica que, “a la vista de que el número de acreedores excede de 300, se acuerda que la tramitación del convenio se realice de forma escrita”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 375 del texto refundido de la Ley Concursal.

Vuelta a las movilizaciones

La convocatoria de las movilizaciones fue anunciada por parte de los comités de empresa con un correo a la plantilla del grupo, en el que sin tapujos que “para bien o para mal la realidad a día de hoy es que sólo tenemos una única forma de evitar la liquidación inminente del día 1 de julio: que la SEPI acepte y se pronuncie antes de que acabe el plazo”. Se trata de la misma fecha que el administrador concursal ha provocado al pedir la fase de convenio anticipada.

El calendario que propone a los trabajadores no deja duda de la intención presionar al Gobierno, primero con una concentración en el interior de la sede la empresa el miércoles 8, segundo con una manifestación en Sevilla el día 14, en plena campaña electoral, desde la Presidencia de la Junta en el Palacio de San Telmo  hasta la Delegación del Gobierno en Andalucía, en la Torre Norte de la plaza de España, y, tras el 19-J, una manifestación en Madrid ante la sede de la SEPI a partir del 20 de junio en la fecha que logren la autorización gubernativa para hacerla.

Otras fuentes de la plantilla de Abengoa consultadas por este medio mostraron su extrañeza porque las movilizaciones se convoquen ahora tras un año de silencio y atribuyen la acción a una coordinación de esos representantes sindicales con la dirección general de Abenewco 1, de la que es responsable Álvaro Polo, que también es  uno de los consejeros que votó a favor de activar el rescate vinculado a la oferta de Terramar. “No es la primera vez que las movilizaciones se hacen coincidir con  los momentos que les interesa a determinados directivos”, añadieron.