La batalla por evitar que el negocio de Abengoa SA pase a manos extranjeras y los accionistas de la cotizada sevillana pierdan todo lo invertido volvió a recrudecerse este jueves con un duro comunicado del consejo de administración de la histórica sociedad fundada en 1941, en el que comunicó públicamente “que no reconoce ni está de acuerdo con el contenido del documento publicado en CNMV hoy jueves día 9 de junio, con número de registro 1476”. 

Dicho comunicado ha sido remitido a los medios de comunicación y se ha ordenado al responsable de relaciones con los inversores, Gonzalo Zubiría, que se comunique a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para cumplir con la obligación legal de informar al mercado de lo sucedido. También se ha notificado al representante de la administración concursal, el abogado de EY Guillermo Ramos, para que autorice la remisión al regulador bursátil. En el momento de publicar esta información, la CNMV no había notificado la posición del consejo a los inversores.

En el duro comunicado, los tres consejeros de la matriz del grupo Abengoa se refieren a una información privilegiada comunicada por la empresa sin su consentimiento de una presentación sobre la operación de rescate vinculada a la oferta de Terramar Capital LLC, que a su vez está sujeta a que el Gobierno apruebe la ayuda pública de 249 millones solicitada por filiales de la compañía con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Dicha presentación, enviada sin ningún comentario que medie desde la información privilegada remitida la víspera sobre la previsiones de negocio en caso de que se consiga la ayuda pública, detalla una operación que no cuenta con el respaldo del consejo de la matriz, ni por la mitad del consejo de la filial que agrupa los activos y negocios, ya que los consejeros de Abengoa SA también lo son de Abenewco 1.

“En el consejo de administración de la filial Abengoa Abenewco1 SAU, sociedad que es de titularidad indirecta al 100% de Abengoa SA, celebrado el día 8 de junio se acordó por unanimidad la aprobación de las proyecciones financieras incluidas en el plan de viabilidad actualizado 2022, ratificándose las capacidades técnicas del Grupo para llevarlo a cabo y reconociendo la valía de su fuerza laboral”, afirma el comunicado del consejo de administración de la cotizada, que añade: “En consecuencia con lo anterior, los miembros del consejo de administración de Abengoa SA, que también forman parte del consejo de administración de Abengoa Abenewco1 SAU, nos ratificamos en que en ningún momento aprobamos la oferta Terramar, ni validamos el procedimiento de dilución y desvinculación de Abengoa SA desde el 100% hasta el 0% en esta compañía”.

La publicación ante la CNMV de esta presentación, íntegramente en inglés, fue impulsada por los consejeros y ejecutivos de Abenewco 1 que defienden esta operación financiera –alguno de los cuales tienen reconocido compensaciones económicas en caso de que se lleve a éxito– y autorizada su publicación por la administración concursal de Abengoa SA, ejercida por EY Abogados.

El comunicado del consejo de administración de la cotizada y propietaria del grupo pretende no sólo desautorizar esa presentación, al rechazar el contenido de la operación, sino también dejar patente que no puede inferirse apoyo alguno al mismo por el hecho de que víspera sí se validasen las previsiones de negocio en caso de que se llevada a cabo el rescate, un Plan de Viabilidad que, para que se aprobase por unanimidad, eliminó cualquier referencia a Terramar Capital, y permitía la participación de cualquier otro inversor.

El trasfondo es el creciente temor de que la SEPI no autorice la ayuda, en virtud de los informes de los asesores, que según diversas informaciones de medios editados en Madrid, dudan de la capacidad de Abenewco 1 de devolver los 249 millones que le prestaría la SEPI y también dudan de la legalidad de la reestructuración societaria que implica, en virtud de instrumentos convertibles de las reestructuraciones financieras de 2017 y 2019. Ambas están siendo investigadas por un Juzgado de Sevilla en virtud de la querella presentada por Inversión Corporativa –a la que se han adherido otros 101 accionistas–. Los hechos contenidos en esa querella han sido considerados por la Fiscalía de Delitos Económicos como indiciarios de la comisión de delito societario, contra el mercado, de administración desleal y de estafa.

Además de rechazar la comunicación de esta operación no autorizada, el consejo de administración de Abengoa SA afirma que “seguirá defendiendo los intereses de la totalidad de sus accionistas y acreedores, por lo que está elaborando la propuesta de convenio, trabajando para que los acreedores se adhieran a la solución”.

La presentación desautorizada

La presentación remitida a la CNMV y ahora desautorizada por el consejo de la matriz propone a sus acreedores que acepten esta operación financiera antes del 24 de junio. Además señala que con esa operación se le dotará de "liquidez y líneas de afianzamiento suficientes para llevar a cabo su plan de negocio".

Además, ha destacado que la reestructuración simplificará su estructura de capital y permitirá que la empresa "tenga un accionista mayoritario por primera vez desde 2017". Se trata de un eufemismo para señalar que se ejecutarían los convertibles que la Justicia investiga como indiciariamente delictivos y que separaría todo el negocio de la matriz, que pasaría a manos extranjeras.

La presentación también indica que el acuerdo que negocia con los acreedores está "mayoritariamente" en línea con el firmado anteriormente en agosto de 2020, "pero ajustado a los nuevos desarrollos que han tenido lugar desde entonces". Esto es, la petición del concurso de acreedores para evitar el control de los accionistas de la sociedad y plantear un reflotamiento inclusivo que tenga en cuenta a todas las partes implicadas.