Los inversores que han mostrado su intención de inyectar 200 millones de euros en las unidades de negocio del grupo Abengoa, con el objetivo de salvar toda la actividad y el empleo posible, el fondo británico Sinclair Capital Reserve junto con su socio tecnológico portugués RCP  Resource  Project Management, expresaron ayer a la administración concursal, ejercida por EY Abogados, su preocupación por la situación de colapso en la que se encuentran las 27 filiales preconcursadas por los embargos que la Agencia Tributaria ha decretado por valor de 50 millones de euros, y solicitaron acelerar en lo posible la operación, siempre que el juez sustituto del concurso, el magistrado Francisco Javier Carretero Espinosa de los Monteros, acepte el convenio y reponga el auto que decretó provisionalmente la disolución de la matriz del grupo Abengoa SA.

En una reunión celebrada en Madrid, en la que también participó el presidente de Abengoa SA, Clemente Fernández González, se puso de manifiesto la necesidad de acelerar el rescate con capital privado del grupo para evitar que colapse en pocas semanas por la total falta de liquidez tras el embargo de Hacienda.

En la reunión, a la que asistió por parte de la administración concursal el letrado Guillermo Ramos, los inversores reiteraron que su oferta está ligada a que la matriz no se liquide y mantenga su ficha bursátil. Esta postura fue ratificada también por el presidente de Abengoa, que dejó claro, que la oferta se retiraría en caso de que el juez no aceptase el recurso de reposición planteado y, por tanto, tampoco se abriese la fase de convenio a partir de la propuesta presentada por el consejo de la cotizada y que apoyan los inversores.

En la cita quedó patente, así lo admitió también la administración concursal, que el colapso de la empresa sería inmediato si no se acelera la operación de rescate con financiación exclusivamente privada y disponible en cuanto pudieran adjudicarse el conjunto de las unidades productivas por las que pujan los inversores.

Los inversores trasladaron a EY Abogados su pleno compromiso con la operación y reiteraron que sólo se mantendrán si sobrevive la matriz, dado que la administración concursal quiso saber si ofertarían si se disuelve la histórica sociedad cotizada. La oferta sólo será viable si, según el plan presentado, una vez saneadas las unidades de negocio, pueden reintegrarlas a la sociedad que cotiza en Bolsa. Además manifestaron la necesidad de acelerar el proceso para poder salvar todo el negocio y el empleo que sea posible.

También quedó patente el compromiso de mantener la sede de la empresa en Sevilla, incluso durante la fase en la que las unidades de negocio saldrían del perímetro del grupo Abengoa, aunque con el objetivo de volver a unificarlo cuando sea posible, porque el objetivo final es que la empresa siga cotizando en la Bolsa española.

Tanto el consejo de Abengoa SA como los inversores cosideran vital actuar con celeridad, no sólo para salvar la matriz y los negocios, inicialmente por separado, sino para evitar la ejecución de avales a lo largo del verano, lo que podrían todavía más difíciles las cosas. La banca española y el Cesce, que actúa de garante, tienen activas una línea de avales que supera los 150 millones de euros. Uno y otro también saldrían beneficiados de una rápida solución, por lo que también se juegan mucho con este proceso.

Esta petición de celeridad pone de manifiesto la confianza por parte de los inversores y Abengoa SA de que prospere el recurso de reposición presentado, dejando sin efecto la disolución de la matriz y, abriendo por tanto, la fase de convenio del concurso.

El consejo de Abengoa es partidario de convertir cuanto antes los preconcursos de 27 sociedades en concursos que permitan levantar los embargos de Hacienda y la adjudicación de todos las unidades productivas de forma conjunta. EY confirmó que desde el pasado 30 de junio no se ha dado ningún paso para pedir concursos y evitar los embargos de la Agencia Tributaria.

Como ya informó este diario, el compromiso de inversión en el Grupo Abengoa se concreta “por un importe total y conjunto superior a 200 millones de euros bajo la articulación e implementación de diferentes mecanismos jurídicos”.

Esos 200 millones no servirían para comprar las unidades que se adquirirían en los concursos de liquidación, prácticamente a coste cero, sino que se usarían para refinanciarlas con circulante para que Abengoa vuelva a producir lo antes posible. Esto supone un cambio sustancial respecto a las reestructuraciones habidas en la multinacional desde 2015 o en los dos rescate fallidos en 2020 y 2022, cuyos fondos tenían por objeto principal el repago de deudas de un grupo de acreedores financieros concretos.

La carta de intenciones de los inversores incluye también “avales destinados al mantenimiento de la actividad de todas ellas”. Así consta literalmente en el documento, al que ha tenido acceso este periódico a través de accionistas individuales que se han personado en el concurso de acreedores de Abengoa SA, aunque la existencia de avales para desarrollar el negocio fue eliminada por el administrador concursal de la información privilegiada remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hace una semana.

Grupo de trabajo

En la tarde de este lunes está prevista también la primera reunión del grupo de trabajo creado por las administraciones para estudiar qué mecanismos hay disponibles para poder "salvar lo que se pueda" del grupo Abengoa.

El proceso pasa por que Bruselas autorice el uso de fondos públicos para permitir la venta por separado de las unidades. Este proceso, incierto por el tiempo que llevaría y por las dudas legales sobre la posibilidad de entregar dinero público a una empresa que la propia Administración acaba de declarar no viable, según las conclusiones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) dejaría morir la matriz, por lo que el grupo Abengoa como tal desaparecería y sólo se salvarían partes que se venderían a otras empresas.