Cuando el 6 de agosto Abengoa anunció, tras varias demoras, que había firmado con un relevante grupo de sus principales acreedores el contrato para ejecutar una tercera reestructuración en cinco años fijó la jornada de ayer, 3 de diciembre, como la fecha de conversión obligatoria de los instrumentos financieros en acciones de su filial Abenewco 1, que para ese día debería haberse convertido también en la nueva cabecera del grupo.

Pero esa conversión no se produjo, la reestructuración societaria no se ha ejecutado y esta operación de rescate, que ha provocado la rebelión del accionariado, está a punto de decaer.

Formalmente lo hará el domingo próximo, cuando se cumplan cuatro meses desde la firma, plazo fijado para que el contrato expire sin ejecutarse.

Esta operación de rescate está atascada desde el pasado 30 de septiembre, fecha que el contrato fijaba para que todas las partes hubiesen dado su consentimiento. Todas menos una lo hicieron. Faltaba la Junta de Andalucía.

La dirección de Abengoa que presidía entonces Gonzalo Urquijo incluyó a la Administración autonómica en el contrato como financiador de la denominada nueva liquidez con un compromiso de aportar 20 millones de euros. En el anuncio hecho el 6 de agosto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se dijo que la Junta concretaría más adelante la fórmula jurídica para aportar el dinero.

Entonces el Gobierno andaluz guardó silencio, a pesar de que ya había expresado serias dudas sobre la posibilidad de participar en ese rescate, como informó este diario desde el mes de julio. La voluntad real de ayudar pesó más.

Que el Gobierno andaluz, integrado por PP y Cs, participase fue una condición que exigió el Gobierno central, de PSOE y UP. La motivación es más política que técnica, que el Ejecutivo de Juanma Moreno se mojase en este salvamento. En ninguno de los dos anteriores, con el PSOE en la Junta, esta Administración participó. Entre las razones políticas está también forzar a hacer al PP lo que criticó en la oposición, las ayudas directas a empresas que motivaron distintas causas judiciales.

Precisamente ese argumento por la falta de garantías jurídicas, y de instrumentos para conceder legalmente, garantizando la concurrencia y evitando la arbitrariedad, es el que la Junta de PP y Cs ha mantenido firme para negarse a participar.

Desde el 30 de septiembre, la dirección de Urquijo comenzó una espiral de prórrogas y de presión a la Junta para intentar que rectificase. Las amenazas de quiebra fueron recurrentes y a éstas le siguió la de un hipotético traslado a Valencia, imposible de ejecutar en el momento actual de Abengoa.

El 15 de octubre era la fecha fijada en el contrato para implementarlo, aunque ésta podía prorrogarse. Como faltan los 20 millones que exige el Gobierno que ponga la Junta, nunca se ha implementado. De hecho, el Ejecutivo de Pedro Sánchez dejó claro que el ICO, que hace posible la operación de refinanciación, al aportar 176 de los 250 millones que conformarían la nueva liquidez –un préstamo de 50 millones y el aval por el 70% de los 180 que presta la banca acreedora, que suponen 126 millones asegurados–, no seguiría adelante sin la Junta andaluza, como adelantó este diario.

Las mismas fuentes del Gobierno de coalición entre PSOE y UP no reconocen ningún acuerdo para hacer que el rescate se ejecutase cambiando a la Junta por la Generalitat valenciana.

Tampoco está ejecutada la ruptura societaria que dejaría a la matriz al margen

Entre el 15 de octubre y el 3 de diciembre, tenía que fijarse la fecha en la que Abengoa S. A. la matriz fundada en 1941 dejaría de ser la dueña de las filiales y se quedaría sólo con un 2,7% de Abenewco 1, siempre y cuando reequilibrase su patrimonio, por lo que está en preconcurso.

La negativa de la Junta, sin embargo, ha dado tiempo a prosperase una rebelión entre los accionistas minoritarios, que perderían toda su inversión, que provocó que el pasado 17 de noviembre conformaran una nueva mayoría en la junta general y destituyera al consejo presidido por Urquijo.

Con el contrato a punto de decaer, el futuro de la compañía depende de quién gane la junta de accionistas del 21 o 22 de diciembre en la que se pugna por el control del grupo.