Dentro de exactamente un mes, el 30 de junio de 2022, expira el plazo para dar por finiquitada la concesión de ayudas con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, y a día de hoy el instrumento creado hace casi dos años para dar oxígeno a compañías en riesgo por la pandemia apenas ha concedido la cuarta parte de su dotación.

Este fondo se constituyó el 3 de julio de 2020, tras la primera ola de Covid-19, para respaldar a empresas estratégicas con dificultades financieras que estuvieran provocadas por la pandemia y se le concedió una dotación de 10.000 millones de euros.

Pese a que la Comisión Europea aceptó prorrogar hasta el 30 de junio próximo el plazo para otorgar esas ayuda, el Gobierno sólo ha usado el 23% de esos recursos, ya que ha prestado apoyo financiero a un total de 22 compañías de distintos sectores económicos por valor de 2.300 millones.

Eso supone menos de la mitad de lo solicitado, porque la suma de las peticiones de las distintas compañías que han acudido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) alcanza los 5.310 millones de euros.

Entre los 3.010 millones no concedidos –una parte ya definitivamente y otra todavía espera la resolución de sus respectivos expedientes– están los 249 millones que solicitó el grupo Abengoa en abril de 2021.

La petición, que se anunció que la hacía la filial Abenewco 1 pero que finalmente se tramita sólo para seis filiales del grupo (Abengoa Agua, Abengoa Energía, Abener Energía, Abengoa Solar España, Abengoa Operación y Mantenimiento e Instalaciones Inabensa), se hizo pese a que los problemas financieros de la cotizada sevillana son muy anteriores a la pandemia.

Poco que ver con el Covid

De hecho, Abengoa está malherida desde 2015, cuando la injerencia del Banco Santander, según sentenció como probado la Audiencia Nacional, provocó la destitución de Felipe Benjumea como presidente, porque se presionó al consejo de administración para que tomara esa decisión si quería que se asegurara la ampliación de capital de 650 millones de euros que estaba tramitando la multinacional andaluza.

El resultado fue que la desestabilización que supuso aquella injerencia terminó por llevar al traste la ampliación de capital. Y el fracaso de la misma, provocó la petición del mayor preconcurso de acreedores que nunca se registró en España, no sin antes intentar a la desesperada la incorporación de un grupo industrial, el de la familia Ribera (Gestamp y otras empresas), que también fracasó poco después de anunciarse, precisamente por desavenencias sobre el apoyo financiero que los inversores industriales reclamaban al pool bancario.

Abengoa logró salir del preconcurso con una reestructuración que se suponía que iba a inyectar dinero nuevo que nunca llegó en la cuantía anunciada al grupo con sede en Palmas Altas. Como ha demostrado la investigación periodística hecha por el Grupo Joly, ese primer rescate de Abengoa, el ejecutado en marzo de 2017, suponía una refinanciación de 1.169 millones de euros, de los que el grueso, casi 700 millones, se dedicó al asegurar la culminación del proyecto A3T de México (un activo que apenas aportó al balance del grupo, porque en enero de 2021 se lo adjudicó el Banco de Santander) y, por el contrario, entre los años 2017 y 2018 los acreedores obtuvieron gracias a ese supuesto rescate más de 400 millones en comisiones e intereses para los acreedores.

¿Dos rescates en falso o falsos rescates?

Con esos números, no es de extrañar que esa refinanciación no asegurara, sino todo lo contrario, el futuro de Abengoa. Y eso que se había vendido a bajo precio la joya de la corona del grupo, Atlantica Yield.

En la segunda mitad de 2018, ya se empezó a preparar una segunda reestructuración, aparentemente para pedir un apoyo financiero de mucha menos cuantía, 97 millones, avales aparte, pero que en realidad permitió a los acreedores financieros que habían vendido sus acciones nada más ejecutarse el primer rescate cuando ya se sabía que era insuficiente (quedó documentado por el director general del grupo en un informe de cuentas depositado en el Registro de Reino Unido) hacerse con instrumentos convertibles por la práctica totalidad de las acciones de las tres sociedades instrumentales creadas en estos rescates: Abenewco 2, Abenewco 2 bis y Abenewco 1.

Ese segundo rescate se ejecutó en 2019 y durante unos meses, la empresa hizo ver al mercado no sólo que lo peor había pasado, sino que la empresa resurgía cual ave Fénix, en palabras del entonces presidente de la compañía, Gonzalo Urquijo. Nada más lejos de la realidad.

Al iniciarse 2020, el consejo presidido por Urquijo eludió su obligación de informar sobre el ejercicio de 2019 (más tarde serían sancionados por ello por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sanción que pagó una aseguradora que cobrado una prima mucho mayor a Abengoa) y, basándose en una valoración de un experto independiente (KPMG) situó a la empresa en causa de disolución y trató de poner en marcha un tercer rescate que, como los anteriores, más que buscar salvar la empresa, beneficiaba a los acreedores consumando el proceso iniciado con las dos reestructuraciones previas y desligando definitivamente lo que quedaba del grupo de la matriz Abengoa SA. 

En marzo, cuando surge el Covid, Urquijo lo utiliza y vincula ese tercer rescate a la pandemia. Pero como se ha explicado nada tenía que ver el deterioro que sufría con el coronavirus.

Ese tercer rescate nunca se ejecutó, porque el Gobierno de España exigió que en él participase la Junta de Andalucía, poniendo 20 millones de euros. La cifra era lo de menos. Se trataba de un seguro político. El Gobierno del PSOE y UP no quería formar parte del guillotinado de Abengoa sin que entre los verdugos también estuviese el Ejecutivo autonómico de PP y Cs. Lo demuestra que cuando en diciembre de 2020 el plazo se agotaba, el Banco Santander, como líder del pool bancario, se ofreció a poner los 20 millones que no aportaba la Junta andaluza. El Gobierno dio la callada por respuesta y el denominado plan Vellocino nunca se ejecutó.

En ese contexto los accionistas también se habían rebelado contra lo que estaba ocurriendo. Primero, en junio de 2020 y antes de que se supieran los detalles del Vellocino (conocidos en agosto), Inversión Corporativa, la empresa con la que las familias fundadoras de Abengoa gobernaron el grupo hasta 2015) puso una querella contra el consejo que presidía Urquijo, querella que se instruye en Sevilla y que ha llevado a la Fiscalía de delitos económicos a considerar que existen indicios de administración desleal, delito contra el mercado, delito societario y estafa. Y, segundo, los minoritarios se agruparon, primero como plataforma y luego como sindicatura, y destituyeron por dos veces al consejo de la matriz. El segundo porque los primero que eligieron para sustituir a los hoy querellados les traicionaron.

La traición llegó hasta el punto de pedir el concurso de acreedores con tal de no ser destituidos en una junta en marzo, aunque luego salieron minutos antes de otra en octubre. Y en medio, en abril, solicitaron la ayuda citada a la SEPI, para llevar a cabo con la ayuda de un desconocido y dudoso fondo estadounidense, Terramar Capital LLC, una operación que asegure los mismos efectos que pretendía el Vellocino: guillotinar Abengoa por la matriz, haciendo perder toda su inversión a los accionistas que habían comprado cuando se decía que la empresa resurgía, de 2017 a 2019, y enterrar todo lo posible lo sucedido en la primera y segunda reestructuración (aunque gran parte se haya desvelado en este diario y la Justicia está profundizando en la investigación de los supuestos delitos que indiciariamente aprecia la Fiscalía y los querellantes).

Decisiones políticas

La política, que ya fue la que impidió que el Vellocino se ejecutase por miedo a ser la izquierda la única cómplice, vuelve a cruzarse en el futuro de Abengoa, y no sólo porque la última palabra la tiene el Consejo de Ministros, aunque antes los funcionarios de la SEPI deberán jugarse la carrera aprobando una operación cargada de riesgos (o eso señalan los informes según han revelado distintos medios de comunicación).

La política entra en juego porque Andalucía tiene convocadas unas elecciones autonómicas para el 19 de junio. La campaña electoral se inicia el próximo viernes oficialmente.

Y en ese clima de precampaña la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha venido a Andalucía para utilizar el rescate de Abengoa como ariete contra la Junta. Su mensaje ha sido repetido en varios medios de comunicación, a raíz una declaraciones que hace en Sevilla el sábado 28 y que difunde Efe. Pero también en una entrevista con el Grupo Joly el viernes 27 que se publica el domingo 29.

Ese mensaje viene a decir que a Abengoa ya la rescató el Gobierno, para a continuación admitir que no fue así porque la  Junta “se puso de perfil” y añadir que no habría sido necesario que pidiera los 249 millones a la SEPI si se hubiese sumado. Todo lo anteriormente explicado, basado en hechos contrastados, desmiente a la ministra. Fue el propio Gobierno quien no permitió ejecutar el Vellocino porque no quería hacerlo si la Junta no era también cómplice. Y si algo provocó la Junta al negarse por activa y por pasivo en declaraciones públicas (algo incompatible con ponerse de perfil) es que Abengoa no fuese desmembrada ya entonces.

En la aguda entrevista que Alejandro Martín le hizo en Cádiz a la ministra y que publicó este diario, Maroto además elude responder a dos preguntas directas y concretas. Si tiene sentido que se rescate con dinero público a Abengoa para que quede en manos extranjeras con una reputación cuestionada en EEUU por autoridades judiciales y por qué no se busca una solución que incluya a los accionistas minoritarios, en su gran mayoría españoles.

El episodio protagonizado por Maroto lleva a hacerse unas cuantas preguntas: ¿Por qué se da entender que el Gobierno ya rescató en 2020 a Abengoa cuando es incierto? ¿Es sólo por interés electoral para desacreditar al PP como principal partido de Gobierno de la Junta? ¿O anticipa esa postura una nueva negativa al rescate de la que se quiere responsabilizar también al adversario político? Y, en definitiva, ¿el Ejecutivo central va a validar con la ayuda pedida a la SEPI un rescate que hace que Abengoa deje de ser española, una cuestión crucial, y que dejará en la estacada a miles de pequeños inversores sin garantías reales de mantenimiento del empleo? Queda un mes para poder responder con precisión.