La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que admita a trámite la querella presentada por un grupo de 63 inversores contra Nueva Rumasa y la familia Ruiz-Mateos por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal y delitos contra los intereses de los consumidores.

Los fiscales Juan Pavía y Alejandro Luzón emitieron un informe favorable a la apertura del proceso penal, que enviaron ayer al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.

Tras estudiar los hechos denunciados por los inversores en pagarés del holding de la familia Ruiz-Mateos, los fiscales concluyeron que existen indicios suficientes para investigar los hechos. El juez tendrá ahora que pronunciarse sobre la admisión a trámite de la querella.

La Fiscalía Anticorrupción lleva investigando a Nueva Rumasa desde marzo de 2010, tras recibir una denuncia por parte de la Agencia Tributaria a raíz de las advertencias emitidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la comercialización de los pagarés.

Los fiscales también investigan presuntos desvíos de dinero de los inversores a territorios off-shore. Así, confirman que el grupo alimentario tiene, al menos, 27 sociedades radicadas en Belice, 4 en Holanda y 2 en Panamá.

La presentación de la querella por parte de los inversores particulares obliga a Anticorrupción a cesar el expediente de investigación y remitirlo a la Audiencia Nacional para continuar con las pesquisas bajo la batuta del juez.

La querella, presentada por Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados, va dirigida contra el fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, sus seis hijos varones y siete sociedades del holding, a los que reclaman cerca de 10 millones de euros por las inversiones en pagarés del grupo empresarial. Una vez abierta la investigación, el resto de inversores en pagarés (5.000 en total) podrán adherirse a la querella y ser parte del proceso como acusación particular.

Por su parte, las investigaciones llevadas a cabo por Anticorrupción han estado destinadas a averiguar el destino de los 140 millones de euros que el grupo de la familia Ruiz-Mateos ha obtenido por la emisión de estos pagarés ante un posible delito de estafa a los inversores.

Por el momento, las mismas fuentes descartaron la apertura de una investigación general sobre el entramado de 160 sociedades que tiene el grupo, algunas de ellas radicadas en paraísos fiscales, como se hizo en los 80 y que derivó en la expropiación de Rumasa por el Gobierno el 23 de febrero de 1983.