SE postula, junto a la corrupción, como uno de los temas centrales del debate electoral. En realidad, no ha dejado de serlo en ningún momento desde el 20-D, especialmente entre la izquierda que se autoproclama como encarnación de un cambio cuya principal divisa es acabar con las políticas económicas de Rajoy, es decir, con la austeridad. La fortaleza del grupo de resistencia en el gobierno del PP a la utilización de medidas paliativas de las consecuencias de los ajustes sobre los más desfavorecidos y la complacencia con el debilitamiento del componente social en la mayoría de las reformas estructurales (dependencia, cobertura desempleo, becas y tasas universitarias, justicia gratuita, céntimo sanitario y cobertura a inmigrantes irregulares, amnistía fiscal, etc.) constituyen un flanco extremadamente débil de su política, especialmente en Andalucía, donde la proporción de "perjudicados" es mayor que en el resto por el avance del desempleo y la amenaza de exclusión social.

Las elecciones autonómicas y municipales activaron las señales de alarma en el PP, que reaccionó con correcciones de urgencia tardías y torpemente ejecutadas, hasta el punto de empeñar su principal baluarte propagandístico: la reconstrucción del déficit público heredado del gobierno de Zapatero. En la actualidad, España se enfrenta a una amenaza de sanción por incumplimiento del objetivo de déficit, que a finales de 2015 se situó en el 5% del PIB. Son ocho décimas menos que en el año anterior, pero también ocho décimas más de lo comprometido con Europa, aunque lo más chocante es que se ha producido en un contexto favorable de crecimiento y tipos de interés y que en lo que va de año las cifras son todavía algo peores que en 2015, especialmente en el subsector Estado, es decir, en la administración central.

Se espera que Rajoy continúe golpeando en los dos flancos más débiles de la izquierda. Uno es la destrucción de empleo que trajo la resistencia socialista a las reformas y la pretensión de acabar con la crisis a base de gasto público. El otro, el desbarajuste de las cuentas públicas, que dejó al país a las puertas de un inminente rescate europeo, que finalmente se presentó camuflado en forma de rescate al sector bancario.

La austeridad en el comportamiento del sector público, tras años de descontrol en el gasto y corrupción en las instituciones durante la burbuja inmobiliaria, se había convertido en una especie de imposición moral fomentada desde el 15-M, que la providencia electoral puso en manos del Partido Popular en 2008. Ocho años después mantiene intacta su potencia como arma de choque de campaña, pero también se perfila como la primera oportunidad para anteponer el objetivo común de un gobierno estable a los intereses partidistas. Obligaría a los populares a reconocer que, ni siquiera en una situación de crisis como la vivida, los objetivos sociales pueden quedar relegados a un segundo plano y a los socialistas a aceptar que existen límites éticos y financieros a la discrecionalidad política y al despilfarro de las administraciones, aunque es poco probable que ninguno de los dos reconocimientos se produzca antes del próximo 27 de junio.