El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado suspender durante un año la concesión de licencias de todo tipo de alojamientos turísticos en la ciudad, como paso previo a la creación de un Plan Especial de Regulación del sector. Con esta decisión, el Ayuntamiento ha paralizado la emisión de licencias de hoteles, aparthoteles, apartamentos turísticos, pensiones, hostales, viviendas de uso turístico, residencias de estudiantes y albergues juveniles.

El Ayuntamiento quiere abrir un proceso de reflexión y participación para elaborar un Plan Especial de Regulación de Alojamientos Turísticos, que "establecerá los criterios para una gestión global de los alojamientos y del turismo que permita preservar la calidad de Barcelona como destino turístico". Asimismo, el gobierno municipal pretende asegurar "que esta actividad no represente ninguna fuente de conflicto con los vecinos de la ciudad". "El objetivo final es obtener una radiografía fija del parque de alojamientos turísticos en la ciudad que permita evaluar y diagnosticar la oferta existente y el impacto social que tiene sobre el acceso a la vivienda, ocupación del espacio público, movilidad, diversidad de usos y producción y gestión de residuos".

El Ayuntamiento dice querer escuchar a todos los actores involucrados en el sector y asegura que también tendrá en cuenta las experiencias de otras ciudades turísticas europeas. La previsión es tener a punto una propuesta inicial del Plan Especial de Regulación de Alojamientos Turísticos durante el primer trimestre de 2016 para "crear un marco normativo que proteja el turismo, tanto desde la vertiente del visitante como del ciudadano".

El consistorio añade que debe aprovecharse la riqueza que produce el turismo en la ciudad, equivalente a un 14% del PIB, haciéndolo compatible "con el día a día ciudadano e impedir que genere externalidades negativas, como problemas de convivencia, alteración del tejido social y económico de barrios enteros y la banalización o saturación del paisaje urbano". El ayuntamiento tendrá en cuenta las iniciativas "que favorezcan un reparto equitativo de los beneficios del turismo en los 73 barrios de la ciudad, así como medidas para descongestionar las zonas sometidas a una presión ambiental y social mas grande".

La moratoria de licencias afectará a 30 proyectos

La decisión del Ayuntamiento de Barcelona afectará a una treintena de proyectos hoteleros, entre ellos la Torre Agbar, que Emin Capital ha comprado a Agbar para hacer un hotel de lujo de la cadena Hyatt. Así lo han avanzado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, durante una rueda de prensa para informar de los efectos de esta medida. "Era una prioridad poner orden. Hasta ahora se había abordado la política turística con parches", ha asegurado Colau.

"No se para la actividad turística con esta medida, sino que el sector turístico seguirá creando puestos de trabajo", ha remarcado Colau, que ha insistido en que la moratoria es una medida "temporal" que se adopta para poder hacer un "debate tranquilo". Colau ha recordado que esta suspensión de licencias turísticas era una promesa electoral y que se ha anunciado de golpe para no dar lugar a un "alud de peticiones" de licencias. Sanz ha dicho que no dispone por el momento del número total de licencias solicitadas que se verán afectadas por la moratoria, pero ha estimado en una treintena las licencias de hotel en tramitación.

Colau ha remarcado que el turismo es "uno de los principales activos de la ciudad, pero que también es una responsabilidad colectiva cuidarlo, mimarlo y hacerlo sostenible en el tiempo", y ha recordado que la presión turística ha generado en los últimos tiempos "desequilibrios" en zonas como la Barceloneta. Colau ha insistido en que el objetivo de todo este plan es que no haya "guetos en la ciudad y otras zonas que sean un parque temático".

Hoteleros y apartamentos turísticos, satisfechos

El Gremio de Hoteles de Barcelona (GHB) espera que la moratoria sirva para hacer frente "con firmeza" a los establecimientos que operan de forma ilegal en la ciudad. La entidad pide además al nuevo gobierno municipal que durante la aplicación de la suspensión tome "las medidas oportunas" para controlar y frenar la actividad turística ilegal. Asegura que la situación actual "estaba generando un estado de incertidumbre", por lo que considera que "es mejor que este anuncio se haya hecho ya". En este sentido, el GHB se ofrece a participar en el desarrollo del nuevo Plan Especial de Regulación. Los hoteleros barceloneses apuntan, en este sentido, que para llevar a cabo esta evaluación es importante tener presente las cifras que hacen referencia a la densidad de los barrios, "planificando correctamente cómo se puede crecer sin generar afectaciones a los vecinos y no incurrir en un crecimiento indiscriminado".

Por su parte, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) y la Asociación Profesional de Edificios de Viviendas de Uso Turístico en Edificio Único (Prohut) han celebrado que la moratoria se aplique a todo tipo de alojamientos turísticos. En un comunicado, el presidente de Apartur, Enrique Alcántara, ha considerado que, aunque ninguna moratoria es buena, el hecho de se haya extendido a todo tipo de alojamientos "facilitará el trabajo y el diálogo conjunto". Ha afirmado que "comprende que se haya decidido parar y empezar a trabajar conjuntamente para hacer un pacto de ciudad. "Barcelona no puede ser un macroapartamento, pero tampoco un macrohotel, ni un macrohostal, ni un macroalbergue", ha sostenido, y ha insistido en que hay que definir y ordenar la oferta de alojamientos para poder regular la demanda. 

La oposición critica la medida

PSC, CiU y PP han criticado la actitud de Ada Colau. En una rueda de prensa posterior a la comparecencia de la alcaldesa, el líder municipal del PSC, Jaume Collboni, ha denunciado que "Colau está reproduciendo el estilo Trias en la toma de decisiones, basado en posponer el problema y actuar por hechos consumados". Collboni ha reclamado al gobierno de BComú que establezca urgentemente un plan de choque contra los alojamientos turísticos ilegales "para proteger a los vecinos y a los empresarios que actúan bien, es decir, que pagan los impuestos y cumplen la ley" y elabore un plan estratégico sobre turismo acordado con el sector, los vecinos y la oposición. "Cualquier decisión que afecte a la industria del turismo debe medirse muy bien porque se trata de un motor de crecimiento económico, de creación de empleo y de potenciales inversiones", ha defendido.

Por su parte, la número tres de Trias, Sònia Recasens (CiU), ha lamentado que Colau "tome decisiones que son más bien alcaldadas, que no medidas participativas, caracterizadas por parar proyectos". Recasens ha subrayado su preocupación por "la incertidumbre" que supone la moratoria turística, no solo sobre la repercusión internacional de la ciudad sino también sobre la puestos de trabajo en sectores afectados por la actividad turística que suponen 120.000 empleos.

Javier Mulleras, concejal del PP, ha denunciado que Colau haya anunciado de forma unilateral, en su opinión, la moratoria, y ha insistido en que la alcaldesa está "paralizando la ciudad y una de las actividades económicas más importantes de Barcelona, poniendo en peligro inversiones y puestos de trabajo". Mulleras ha pedido que Colau "deje de aplicar medidas generalizadas que no resuelven los problemas reales que genera el turismo ni atacan los problemas donde realmente se generan, en los barrios más turísticos".