CajaSur ha presentado sendas querellas contra el que fuera director general de la entidad Francisco Jurado y contra el empresario Rafael Gómez, a los que acusa de sendos delitos societarios que podrían haber causado a la caja perjuicios superiores al millón de euros. La querella contra Rafael Gómez, a la que ha tenido acceso Efe, hace referencia a unos hechos que tuvieron lugar en 2004, cuando la caja compartía la propiedad inmobiliaria Arenal Sur 21con el empresario cordobés. En su demanda, la entidad financiera asegura que Gómez suscribió en agosto de aquel año un contrato de arrendamiento de servicios con una empresa para la realización de unos trabajos al parecer ficticios o de imposible cumplimiento.

En concreto, la querella asegura que Rafael Gómez contrató los servicios de esta empresa para que le hiciera determinadas gestiones con la intención de que el Ayuntamiento de Manilva (Málaga) modificara la edificabilidad de unos terrenos propiedad de Arenal Sur 21 en los que los aprovechamientos legales rondaban los 4.200 metros. Sin embargo, siempre según la querella, Gómez pretendía que esa edificabilidad superase los 39.000 metros cuadrados, un 942 por ciento más de los originariamente establecidos, mientras que la legalidad urbanística indica que ese incremento del aprovechamiento nunca podría haber superado el 30 por ciento.

La entidad financiera sostiene en su demanda que ese encargo era de imposible cumplimiento y que causó un perjuicio patrimonial a la firma Arenal Sur 21 estimado en un millón de euros. Por este motivo, acusa de un delito de apropiación indebida y alternativamente de un delito societario de administración desleal a Rafael Gómez y le reclama 849.000 euros, mientras que al titular de la empresa de servicios, que también aparece como querellado, le reclama la misma cantidad.

En cuanto a la querella contra Francisco Jurado, último director general de CajaSur en la etapa de Miguel Castillejo, la caja cordobesa considera que ha incumplido la buena fe contractual al vulnerar la normativa interna y no respetar los controles en la concesión de determinados créditos. La querella cuestiona dos créditos otorgados a una empresa que pretendía comprar suelo sin contar con las necesarias garantías y sostiene que el propio Jurado habría resultado beneficiado con esta operación, ya que le acusa de cobrar sendas comisiones por un importe total de 180.000 euros que, siempre según la caja, podría haber cobrado a través de una empresa que compartía con su esposa.

Fuentes de la caja cordobesa han asegurado a Efe que estos hechos fueron conocidos a raíz de la investigación interna que ordenó en febrero de 2007 el actual presidente de CajaSur, Santiago Gómez Sierra, apenas un mes después de llegar al cargo. Resaltan igualmente que esta situación fue puesta en conocimiento del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales, organismo adscrito al Banco de España, lo que a su vez ha propiciado una investigación paralela de la Fiscalía Anticorrupción.

Las fuentes han afirmado que las dos querellas han sido interpuestas una vez concluidas esas investigaciones internas y después de que el consejo de administración de la caja autorizara todas las acciones legales necesarias para depurar posibles responsabilidades.