Frenan la propagación de los incendios y facilitan el trabajo de los bomberos. En economía persiguen algo parecido. Cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) puso en marcha su particular cortafuegos para ayudar a los países golpeados por la crisis, para intervenir en operaciones de prevención de crisis futuras y para ayudar a estabilizar las finanzas mundiales, consiguió incrementar sus recursos en 760.000 millones de dólares en 2009 y 2010 y en otros 390.000 a finales de 2015, además de rebajar su burocracia y sus exigencias de compensaciones para intervenir. En 2012, y a raíz de la crisis griega y de deuda soberana, Europa dotó con 500.000 millones de euros el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), su particular cortafuegos contra el riesgo de colapso de un miembro de la Eurozona, que en un extraordinario ejercicio de cinismo las instituciones europeas siguen interpretando como "testimonio de la voluntad de solidaridad por parte de los Estados miembros".

Si aceptamos como referencia a su homónimo forestal, podría definirse el cortafuegos económico o financiero como el instrumento concebido con la finalidad de impedir que el colapso financiero de una entidad o un país arrastre en su caída a otras entidades o perjudique gravemente la economía de otros países. El objetivo no es, por tanto, impedir que se produzca el colapso, que es lo que persiguen tanto el cortafuegos del FMI como del MEDE, sino acotar en lo posible el daño y evitar por todos los medios los perjuicios sobre terceros. La idea de cortafuegos financiero se ve bastante mejor reflejada en la iniciativa de la Eurozona para prevenir riesgos de contagio derivados de entidades bancarias con problemas, denominado Mecanismo Único de Resolución (MUR).

El MUR contempla la creación de un fondo dotado por los propios bancos que debe permitir cerrar un banco con problemas, obligando desde principios de año a que sean los socios los que carguen con los costes en primer lugar (Directiva de Resolución y Recuperación Bancaria) y garantizando la ausencia de fondos públicos implicados en el rescate. Un planteamiento que se ajusta mucho mejor que los anteriores a la idea de cortafuegos financiero, pero que nació con un problema: el fondo se aprobó en 2013, pero se estableció un plazo de diez años para dotarlo adecuadamente y comenzar a funcionar.

Los problemas de la banca europea, sin embargo, no se han paralizado en absoluto. Hay bancos belgas y portugueses en una situación límite, pero el caso de la banca italiana está despertando un especial interés, no sólo por su delicada situación tras el impacto inicial del Brexit, sino también porque el gobierno italiano está considerando saltarse la normativa europea y resolver la capitalización de sus bancos con una inyección de 40.000 millones de euros. Deutsche Bank, el más importante de Alemania, considera que para salvar la banca europea hacen falta 150.000 millones de euros. Entiende además que hay que comenzar con la banca italiana, pero es de suponer que lo hace pensando en sí mismo, puesto que el banco alemán ha perdido el 90% de su cotización bursátil desde 2007 y más de un 40% en lo que va de año.