El Gobierno ha aprobado este martes el decreto de transición de la PAC, que define el modelo de ayudas a agricultores y ganaderos en 2021 y 2022, antes del comienzo de la aplicación de la nueva reforma en 2023.

A diferencia de otras disposiciones transitorias, que daban continuidad a la PAC recién acabada sin apenas cambios, en esta ocasión el Gobierno ha introducido modificaciones que pueden afectar de forma sustancial las ayudas que reciben los agricultores, en unos casos para mejor y en otros para peor. En esencia, acelera la convergencia entre beneficiarios que venía desarrollándose ya desde 2014. En esa senda, que duraba hasta 2020 los agricultores que cobraban más por hectárea por los derechos adquiridos (sobre todo, un histórico de producción en el pasado) cedían año a año un máximo de un 6% de su importe a los que recibían menos dentro de su misma región productiva. En términos de la PAC, las regiones no se corresponden con comunidades autónomas ni provincias sino con regiones agronómicas, parecidas desde un punto de vista productivo y que tampoco se tienen que corresponder con un territorio definido. Pueden ser varios.

A partir de este año, 2021, y también en 2022, los que tienen derechos más altos no tendrán límite de pérdidas (podrán perder un 20%, un 25% o un 30%) y los que reciben menos verán incrementados sus pagos más que otros años. En dos años, el que recibe menos debe pasar del 60% de la media de cada región al 80%. 

La situación ha suscitado una fuerte contestación en Andalucía. La Junta y las principales organizaciones agrarias, sin excepción, han levantado la voz al considerar que saldrán muy perjudicados los agricultores más productivos, los que más han invertido y los que más empleo generan. No están en contra de seguir con la convergencia, pero abogan por mantener la senda actual para no provocar bajadas bruscas de ingresos en una región donde los agricultores reciben más por hectárea que a nivel nacional. Critican que el Gobierno lance un decreto sin debate ni consenso que condiciona, además, la negociación interna de la PAC que debe producirse este año. 

Este mismo martes, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, afirmó que la Junta agotará todas las posibilidades y "estrechará la interlocución con Portugal, que ostenta la presidencia de la UE", para que el Gobierno español retire el decreto. El margen de maniobra es muy estrecho, sobre todo teniendo en cuenta que el 1 de febrero comienza el plazo para los agricultores de solicitud única para las ayudas de la PAC y para esa fecha ya deben conocer el nuevo valor de sus derechos. El Ministerio de Agricultura lo dará a conocer en la web del FEGA en cuanto se publique el decreto en el BOE, previsiblemente mañana miércoles.

Según la Junta, un 25% de los agricultores y ganaderos andaluces (unos 50.000) reciben un 30% por encima de la media de su región. Eso hará, afirma Crespo, que un agricultor del Bajo Guadalquivir con 15 hectáreas  pase de percibir 20.000 euros a 16.000, y un olivarero con unas ocho hectáreas de cultivo pase de 16.500 euros anuales a 10.500 euros.

Desde el Gobierno se sostiene, en una nota de prensa, que el decreto se sustenta en una recomendación de la UE comunicada el 18 de diciembre, en el sentido de "avanzar en esa convergencia para que exista una distribución más equitativa de las ayudas, como indica el considerando 33 del reglamento transitorio (de la UE), y no exista discriminación, en base a referencias históricas establecidas hace más de 15 años".

En una entrevista a este periódico, el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, afirmaba que el impacto en Andalucía sería neutro y que sólo el 1% de los agricultores andaluces perdería más de un 20% de sus ayudas en 2021.

El Gobierno cuenta con apoyos en el ámbito agrario, como UPA nacional (no la andaluza), que recordó que la medida beneficia a productores con importes de pago bajos y pidió medidas correctoras para los más perjudicados. UPA Jaén se sumó a esta tesis con más dureza al afirmar que en caso de que haya perjudicados “serán los que cobran grandes cantidades por derechos que pueden deberse a un posible engorde artificial de los mismos, no por ser buenos agricultores”.