El Gobierno de España no participará en el rescate financiero de Abengoa si la Junta de Andalucía no forma parte del mismo, según confirmaron fuentes del Ejecutivo a este diario, que enfatizan que no hay ningún cambio de postura, sino que el contrato de reestructuración financiera es un todo no fraccionable, en el que participan tanto los organismos que dependen del Estado –el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce)–, como la Administración autonómica andaluza, acreedores financieros –sean bancos o fondos de inversión–,  bonistas y proveedores tenedores de deuda.

Pero lo cierto es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez recuerde en este momento que el rescate no existirá sin la participación de la Junta mete presión al Gobierno de Juanma Moreno para que decida si aporta y concrete cómo.

El Estado es quien más aporta a esta operación, cifrada en 550 millones, dado que la apoya con hasta 476 millones: 50 que presta el ICO, que además avala 126 de los 180 que presta la banca acreedora, y aporta hasta 300 millones más en avales técnicos garantizados por Cesce. Faltan 20 millones que, según Abengoa, pondría  la Junta.

La Administración autonómica andaluza mantiene en público que tiene voluntad de ayudar en el rescate de Abengoa pero inmediatamente señala que no cuenta con instrumentos jurídicos y financieros para aportar los 20 millones que la multinacional incluyó en el contrato de reestructuración financiera anunciado el pasado 6 de agosto.

A día de hoy esa postura sigue inalterada: ni aporta la cantidad supuestamente pactada, ni admite si existe un compromiso real –el presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo reconoce que es verbal–, ni halla la fórmula para participar en la reestructuración, cuyas garantías en favor del Ejecutivo andaluz están por negociar.

El Gobierno enfatiza que no se trata de la cuantía de los 20 millones, si no de que todas las partes aporten

Las fuentes gubernamentales consultadas por este periódico dejaron claro que no se trata de que la Junta ponga 20 millones, sino de que participe. “No es una cuestión de cuantía, ni de que su parte sea cubierta de otra forma”, dijeron las mismas fuentes, descartando que el Gobierno aumente su participación a través de la Sepi o de otra vía. “Existe un pacto firmado en un contrato de reestructuración, en el que la participación de la Junta aportando esos 20 millones es una condición suspensiva”, por lo que en caso de que no se cumpla, “las demás partes no participarán tampoco”, explicaron.

Con ello, el Gobierno refuerza la posición que mantiene la multinacional fundada en Sevilla en 1941 por los ingenieros Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, junto con tres amigos y otros familiares. Esto es: que si la Junta no pone los 20 millones, todo el grupo Abengoa iría a la liquidación.

Y ello sería así porque, toda la operación de rescate de la filial Abenewco 1 decaería, con lo que se perdería todo el negocio y el empleo que genera, que todavía ronda las 15.000 personas en todo el mundo, unas 2.500 de ellas en España, y de éstas, la gran mayoría –unos 1.900– en Andalucía.

Refuerza la advertencia de la multinacional de que el grupo se vería abocado a la liquidación

Pasado mañana viernes expira el último plazo que Abengoa se ha dado, de acuerdo con los demás acreedores, para que se cumpla la condición suspensiva de que la Junta participe. El plazo ya se prorrogó anteriormente entre el 30 de septiembre y el 15 de octubre. La dirección que preside Urquijo debe decidir si vuelve a prorrogar el plazo el viernes para dar aún más tiempo a la Junta o considera que el plan de reestructuración ha fracasado y asume la consecuencia, la quiebra del grupo al completo.

La compleja operación jurídica que es este intento de salvamento financiero, no rescata a la matriz histórica, que o bien pierde el control sobre el grupo, que pasaría a encabezar Abenewco 1, o bien va la quiebra si no pacta la conversión de 146,8 millones de los 153 de deuda con proveedores –la mayoría andaluces– en préstamos participativos.

El propio Estado perdería su participación en Abengoa S. A., valorada a día de hoy, con la cotización suspendida por la CNMV, en 4,13 millones, aunque el montante sería mucho mayor porque en la reestructuración de 2017 aceptó una quita de 250 millones.

Las consecuencias para la matriz han provocado la reacción de miles de accionistas minoritarios, disconformes con el contrato de reestructuración que les haría perder toda su inversión o, en el mejor de los casos, pasar a ser propietarios sólo del 2,7% del nuevo grupo encabezado por Abenewco 1. Estos, agrupados en Abengoashares, han acudido al juzgado y han forzado una junta general extraordinaria para que cese el consejo y se revoque este rescate y se negocie otro que salve a la matriz histórica y sólo a la filial que encabeza el negocio y posee los activos.