El Gobierno intensificará el diálogo en el ámbito parlamentario para buscar apoyos a la reforma laboral que va a aprobar el 16 de junio, después de que haya sido imposible el acuerdo con los agentes sociales tras la larga e infructuosa reunión mantenida con ellos.

La reunión entre Trabajo, la patronal y los sindicatos, que se inició el miércoles por la tarde, finalizó sin acuerdo casi once horas después, a primera hora de este jueves, debido según fuentes sindicales a la postura maximalista de la patronal y, en opinión de los empresarios, a la negativa de las organizaciones de los trabajadores a abordar una reforma profunda. La ampliación de las causas para considerar procedente un despido y los costes de las indemnizaciones fueron las dos principales cuestiones que hicieron imposible el consenso.

Ahora el Gobierno ultimará el decreto con la reforma que quiere aprobar en el Consejo de Ministros del día 16 y para el que ya está buscando los apoyos parlamentarios, puesto que la norma la tiene que convalidar el Congreso, probablemente una semana después. El Ejecutivo mantendrá este viernes con los agentes sociales reuniones por separado -así lo ha pedido la patronal- en las que les entregará un nuevo documento con las líneas generales de lo que contendrá el decreto.

En las primeras horas tras el fracaso de la reunión, los agentes sociales han tratado de justificar, desde sus distintas posturas, la razón de la ruptura de las negociaciones. El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, explicó en una entrevista en Onda Cero que los escollos principales han estado en la contratación y los despidos, y lamentó que los sindicatos "no quieran ver la realidad" de que es necesaria una reforma "profunda" como están "clamando" todas las instituciones internacionales. "Esto se ha acabado", admitió Díaz Ferrán, quien insistió en defender una mayor especificación de las causas del despido procedente, para permitir este tipo de rescisión de contrato en tres casos: pérdidas de la empresa demostrables, rebaja de ventas y falta de liquidez. Aseguró que los empresarios no pretenden "desjudicializar" los despidos, sino poder recurrir al procedente, que ahora de hecho no funciona: el 80% de las extinciones fueron improcedentes y el 20% procedentes en 2009, según apuntó. También señaló que es necesario flexibilizar la contratación con indemnizaciones por despido "más en línea" con las de otros países, la otra cuestión por la que no ha habido acuerdo.

En el lado contrario, el secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, señaló que en este momento final de la negociación la patronal ha querido aprovechar la coyuntura de crisis para conseguir "sus antiguas aspiraciones". Según explicó, dichas aspiraciones pasan por un despido más barato y por una mayor discrecionalidad de las empresas en la toma de decisiones, no sólo las referentes a despidos. Para Lezcano, el principal escollo es el de las causas y los procedimientos para el despido procedente por razones objetivas (económicas, tecnológicas, organizativas y productivas), porque la pretensión empresarial es "abrir el abanico" de las causas objetivas, pero también aligerar los procedimientos para que haya "una menor tutela judicial".

A la espera de los pronunciamientos oficiales de patronal y sindicatos, el debate de la reforma laboral se trasladó al Congreso. En los pasillos de la Cámara, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, anunció que el Gobierno "intensificará" el diálogo con los partidos para recabar el apoyo al decreto.

El líder del PP, Mariano Rajoy, aseguró que si el Gobierno llama al PP para abordar la reforma laboral, su partido "está dispuesto a pactar y a hablar", si bien lamentó haber leído en los medios que la intención del Ejecutivo sea pactar con CC, CiU y ERC. Rajoy puntualizó que "estas cosas, como habitualmente hace el presidente del Gobierno, sin hablar, se resuelven mal", y recordó que los objetivos que su partido considera irrenunciables son el fomento de la contratación indefinida y cambiar la negociación colectiva para adecuarla a la situación de las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría en España.

Desde CiU, su portavoz, Josep Antoni Duran Lleida, advirtió de que el decreto no puede tener "cualquier contenido" y debe dar "respuesta a las expectativas", y dejó claro que todavía no han decidido si lo apoyarán o lo rechazarán, una vez descartada la abstención, mientras que el del PNV, Josu Erkoreka, urgió al Ejecutivo a presentarles su propuesta.

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, atribuyó el fracaso del diálogo social a "la codicia" de la patronal y a "la pasividad" del Gobierno e insinuó que ambos preparan una contrarreforma en contra de quienes "más sufren esta crisis", es decir, los trabajadores.