El Gobierno prevé subir las pensiones un 0,25%, el mínimo exigido por la última reforma, con carácter anual hasta 2017, en línea con la revalorización aplicada en 2014. Estima, además, que los cambios introducidos en el sistema en 2013 ahorrarán, de modo ascendente, desde los 574 millones de euros en 2014, hasta más de 1.000 en 2017, según indica en la actualización de Programa de Estabilidad para los años 2014-2017 remitido a Bruselas.

La reforma de las pensiones modificó ya desde 2014 la normativa para revalorizar anualmente las pensiones, de forma que se suprimió su vinculación al IPC para evitar excesivos incrementos en tiempos de crisis. Así, estableció un umbral mínimo de revalorización del 0,25% y uno máximo del 0,50% por encima de la inflación, siempre en función de la marcha de la economía.

El Gobierno prevé atajar con este modelo el gasto del sistema de pensiones. Sólo para 2014 las pensiones contributivas tienen asignado un presupuesto de 112.103 millones de euros, un 5,4% más que en 2013, contanto ya con una revalorización media del 0,25%.

Además, el Programa de Estabilidad apunta que la Seguridad Social prevé encontrar otras vías de ahorro en 2014 y 2015 para aliviar el déficit del 1,1% del PIB con el que el sistema cerró el año 2013. En primer lugar, el Gobierno cita la modificación del cómputo de las bases de cotización, que pasan a incluir ciertos pagos en especie, como los cheques restaurante, ayudas al transporte o coches de empresas, así como el alza de las bases de cotización de trabajadores autónomos.

La Seguridad Social está preparando también el paso del sistema de autoliquidación de las cotizaciones a uno de liquidación abierta en el que será la Tesorería General la que calcule las cuotas. En el plan de estabilidad el Ejecutivo se refiere además a la supresión de la cobertura del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) durante ocho días en los supuestos de extinción de contratos indefinidos por causas económicas, así como a la reforma de la ley de mutuas.

El efecto esperado de estas medidas se estima en el entorno de los 3.000 millones de euros anuales cuando estén todas en vigor, con un mínimo de 2.000 millones de euros en 2014 y de 1.000 millones en 2015.

De este ahorro, en 2014 se prevén 1.000 millones por el lado del gasto y otros 1.000 millones de euros procederán de unos mayores ingresos en la Seguridad Social, sumados también a los previstos por las medidas aplicadas en 2013 y descontado el efecto negativo presupuestario de la tarifa plana el primer año. En 2015 todavía se espera que las medidas tengan impacto, en particular el cambio en el sistema de liquidación, que necesita tiempo de implantación.

La actualización del Programa de Estabilidad también recoge la posibilidad de gravar la propiedad de la vivienda, tal y como recomendaron los expertos en su informe para la reforma fiscal. Hace algo más de un mes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó que el Gobierno no tenía intención de que la vivienda habitual fuera imputada como renta en la declaración del IRPF. Sáenz de Santamaría insistió en reiteradas ocasiones en que el informe del comité de sabios no era el proyecto del Ejecutivo.

Los expertos propusieron que la vivienda computara como renta en el IRPF y que se eliminaran en un plazo de entre 5 y 10 años las deducciones por la compra de vivienda habitual que aún disfrutan quienes la compraron antes de 2013. El informe incidía en que esta era una apuesta transitoria, dado que para el futuro planteaban que la vivienda sólo estuviera gravada con el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), que deberá ser actualizado.

El texto enviado por el Gobierno a Bruselas destaca, además de gravar la propiedad, varias posibilidades. "El Gobierno estudiará diversas alternativas, entre otras posibles, la imposición sobre la propiedad, la imposición medioambiental con el menor impacto posible en la competitividad, mecanismos de pago por uso de servicios, el incremento de los impuestos por uso frente a los que gravan la transmisión de la propiedad o la imposición sobre el sector financiero en el marco armonizado de la UE". También añade que con la rebaja del IRPF se potenciará el crecimiento de la demanda interna, "y, de este modo, el aumento del consumo generará un incremento de la recaudación por impuestos indirectos".

El Ejecutivo propone a Bruselas revisar las diferentes figuras tributarias, "con el fin de acercar las bases imponibles de forma progresiva a la propiedad de los bienes, disminuyendo por lo tanto el énfasis en la transmisión".