El Gobierno aprobó ayer el proyecto que reforma la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que reducirá los costes y trámites para abrir un negocio y que incluye la libertad de establecimiento con ausencia de autorización. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que con la nueva ley será "más fácil y barato" abrir un comercio minorista en España. Para el pequeño comercio, el nuevo marco aportará "transparencia, seguridad y simplificación", mientras que las grandes superficies (Anged) opinan que se ha "perdido una oportunidad única" para introducir una reforma "estructural" que impulse la inversión y el empleo.

El Gobierno deja en manos de las comunidades el régimen de autorizaciones para la apertura de comercios al eliminar la licencia de establecimiento. El nuevo texto desecha también la denominación de gran establecimiento y prohíbe los límites comerciales, como los de competencia, a la instalación de nuevas tiendas. Sí considera, no obstante, que el impacto que un comercio pueda tener en el medio ambiente, el entorno urbano o el patrimonio cultural, son razones suficientes para que las comunidades exijan a los comerciantes una justificación para la apertura.

Lo mismo ocurre con el tamaño de las tiendas, cuyo impacto podría ser motivo de regulación, para lamento de las grandes superficies. La Comisión Nacional de Competencia, de hecho, considera que las autonomías mantienen su poder para intervenir en el procedimiento de autorización. Industria defiende, sin embargo, que la nueva ley se inspira en la libertad de empresa y que, de este modo, incrementará la seguridad jurídica y creará empleo.

En los casos en que España pudiera ser sancionada en un procedimiento de infracción europeo cuyo origen esté en la legislación autonómica, las sanciones se trasladarán a la región correspondiente.