A pesar del claro retroceso que la pandemia está experimentando, de los signos de rebote económico por la paulatina recuperación de la actividad, cada vez con menos restricciones, el optimismo no reina entre la clase directiva de las empresas. Es más diría que abunda la inquietud ante una serie de hechos que preocupan.

Ayer mismo en Sevilla, la Asociación para el Progreso de la Dirección, celebró una jornada para analizar la oportunidad que tiene Andalucía, como toda España, con los fondos europeos que vienen, tanto con los Next Generation EU, cuya cuantía -140.000 millones de euros para nuestro país- suponen una financiación sin parangón, como por el propio marco de los estructurales.

En ella, el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, expresó la desconfianza que el Gobierno autonómico tiene sobre que se estén haciendo bien las cosas para lograr que se aprovechen singularmente los Next Generation.

En la mesa redonda posterior a su ponencia, que tuve la suerte de moderar, quedó patente que la inquietud no se circunscribe ni a la Administración andaluza ni al ámbito político, sino que los empresarios y directivos ya temen que esa enorme cantidad de fondos se desaprovechen. Porque se complica mucho el acceso a los mismos con burocracia, no se han definido cuestiones básicas -desde Hacienda de la Junta se señaló cuál será el IVA de los proyectos-, y una gran parte de la dotación está sin territorializar y sujeta al criterio exclusivo -y arbitrario- del Gobierno central.

Y es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez genera desconfianza, apenas resuelve los problemas reales y está centrado en exclusiva en garantizarse su supervivencia al coste que sea. Esta opinión propia coincidía con la de muchos más asistentes en los comentarios del café posterior.

Y razones no faltan. Ante un problema tan grave y complejo como el desbocado precio mayorista de la electricidad, el Gobierno toma decisiones que recortan muy poco los impuestos que se cobran por el suministro eléctrico (la mitad de la factura es fiscalidad) y pone en riesgo tanto al sector energético como a las empresas que están impulsando la generación renovable. La pérdida de valor de esas compañías en apenas tres días es escalofriante y probablemente lleve a que rectifiquen el real decreto-ley aprobado el martes, sobre todo porque la inversión en renovables puede hundirse, incluso con repercusiones para el sector financiero, que ha apostado por dar crédito a esos negocios.

La inquietud está justificada. Y no es ni pesimismo ni politiquería. Es la constatación de una realidad preocupante.