El sector del taxi y las empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC) ya tienen sobre la mesa la propuesta de la Junta de Andalucía para negociar el punto más conflictivo de la actividad de los autónomos que trabajan para plataformas digitales como Uber o Cabify: qué espacios de las ciudades andaluzas tendrán vetados para que en la práctica no puedan operar como un taxi más, pero sin licencia.

Así, el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, que dirige Marifrán Carazo, ha planteado que los VTC "no puedan circular en busca de clientes ni estacionar en zonas de especial protección en torno a puntos de gran demanda de servicios de transporte en un radio que será definido con la colaboración de los ayuntamientos en función de las necesidades particulares de cada uno".

Lugares de alta demanda

En este sentido, Fomento identifica como zonas de especial protección a aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y autobuses, hospitales, paradas de taxi, hoteles de al menos cuatro estrellas que tengan más de cien unidades de alojamiento, juzgados y cualquier otro lugar donde se esté celebrando un evento deportivo, cultural, social o de cualquier otra índole que tenga gran potencialidad de generación o atracción de viajes.

Además, la Junta establece que la zona de limitación debe extenderse al menos 100 metros desde el núcleo.

Si esta propuesta sale adelante, tras el acuerdo tanto del sector del taxi como de los VTC, los nuevos vehículos de movilidad urbana no podrán estacionar ni circular por estos espacios en busca de clientes.

La importancia de la contratación

Por el contrario, los VTC con un servicio precontratado sí podrá circular "en todo el territorio andaluz sin limitación añadida a las establecidas para cualquier otro vehículo en la normativa general de tráfico".

Además, para evitar la captación de viajeros, se establece la condición de que los vehículos VTC únicamente puedan ser geolocalizados por los usuarios una vez que se produzca la contratación del servicio.

En la propuesta, la Junta alude a una "desproporción manifiesta existente en Andalucía entre el número de autorizaciones VTC (2.554) y las autorizaciones de taxis (9.145) lo que lleva a una relación actual de menos de 1/4, que supera con creces la regla de la proporcionalidad fijada en la legislación 1/30".