Los usurarios de Rambla Morales han presentado una moción de censura a la junta directiva de dicha Comunidad de regantes. En total unos 500 agricultores, el 75% de los usuarios según estima Asaja, han firmado el documento que obliga al órgano principal a convocar una asamblea extraordinaria y liberar a los usuarios del pago "inviable" del proyecto de desalinización, ya que según el sindicato los afectados suponen más del 50% de los votos.

La desaladora ha enfrentado a la junta directiva y a los agricultores. Según el presidente de Asaja, Francisco Vargas, "el encarecimiento del precio que deben pagar los usuarios por las infraestructuras de la desaladora, que ha aumentado un 85%, y la nula información aportada por la junta directiva" son los motivos que llevan a la Plataforma de afectados de Rambla Morales a dar este paso.

Tanto Vargas, como el asesor jurídico de la plataforma, Javier Navarro, exponen que el pago obligatorio ha pasado de 57 euros el metro cúbico a 98 euros. Asimismo, Navarro afirma que la junta no ha contestado a ninguno de los requerimientos que se le han presentado como el censo, auditoría o certificado de actas. En este sentido, en caso de que no convocasen asamblea, los afectados tomarán medidas judiciales.

El presidente de Asaja informa de que la desaladora tendría que haber estado terminada en septiembre de 2007, sin embargo esto no es así. Además Vargas afirma: "Sólo funciona uno de los tres módulos de la desaladora. El agua que se puede desalinizar no se usa porque los agricultores se sienten inseguros a la hora de enfrentarse al pago de la derrama y otros no pueden emplearla porque no disponen de canalización".

La plataforma duda de que todos los metros cúbicos que puede proveer la desaladora están vendidos, porque sino no se explican la subida del precio.

La situación ha generado la pérdida de confianza por parte de los regantes de Rambla Morales, "la Comunidad cuenta con un presupuesto de 129 millones de euros, creo que sus miembros tienen derecho a saber lo que sucede con su dinero", dice Navarro.

Por su parte, la Comunidad de Regantes, que afirma el suministro de agua desalada desde junio de 2007 a quien lo ha solicitado, niega en rotundo las acusaciones de los afectados. En esta línea afirma que los dos únicos requerimientos notariales habidos han sido contestados, así como que en "ningún instante se le ha negado ni obstaculizado información a ningún miembro de la junta de gobierno", según manifestaba en un comunicado.

Respecto a la derrama, la Comunidad expone que fue fijada en diciembre de 2006 con 140 votos a favor. Ésta es de 3.420.000 euros, que a distribuir entre los 35.117 metros cúbicos diarios de agua desalada, equivale a 97,39 euros por comunero.