Economía

La OCU exige al Gobierno "firmeza" ante la "aberrante" actitud de los controladores aéreos

  • "Los pasajeros son los únicos perjudicados por las distintas huelgas de celo que, de forma habitual, emprende este colectivo", señala la organización de consumidores.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pidió este viernes al Ministerio de Fomento la "máxima firmeza" para evitar los daños que "sin duda" sufrirán los usuarios ante la ruptura de las negociaciones entre AENA y los controladores aéreos y la "aberrante" actitud de dicho colectivo e insta al Ejecutivo a que adopte las medidas de "intervención adecuadas" a fin de garantizar en Semana Santa el derecho a la movilidad.

"Los pasajeros son los únicos perjudicados por las distintas huelgas de celo que, de forma habitual, emprende este colectivo, previas a la renovación de su convenio colectivo", señaló en un comunicado.

A juicio de la OCU, el derecho de los usuarios está por encima de las reivindicaciones particulares de un pequeño colectivo que "obtiene una posición de privilegio a base de usar como rehenes a los miles de pasajeros del transporte aéreo".

La OCU advirtió de que la "peor" situación que se puede dar ahora es que "las huelgas de celo o huelgas encubiertas impidan a la autoridad competente la fijación de unos determinados servicios mínimos, necesarios para garantizar los derechos de los pasajeros".

"El derecho de huelga no es un derecho absoluto y ha de convivir con otros igualmente merecedores de protección, como la libertad de circulación por el territorio de todos los usuarios", recordó.

Por ello, reclamó la aprobación de una Ley Orgánica reguladora del derecho a la huelga, que contemple de forma adecuada la extensión de su ejercicio así como sus eventuales límites en caso de colisionar con otros derechos dignos de la misma protección.

"Es aberrante que todos los años y coincidiendo con épocas vacacionales, determinados colectivos del sector de transporte de viajeros convoquen huelgas y paros con la intención de causar el mayor daño posible a la población, incumpliendo además los servicios mínimos como forma de presionar a la Administración o a las empresas de cara a sus reivindicaciones laborales", concluyó. 

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