Empleo

La ley Rider: un pulso entre la precariedad y los derechos laborales de los repartidores a domicilio

Repartidores de comida

Repartidores de comida

Un repartidor de comida a domicilio de 26 años murió la noche de este martes en Sevilla en un accidente de tráfico. El joven, que circulaba en moto, colisionó contra un turismo en un cruce regulado por semáforos y falleció en el acto. Por desgracia, este no es el único accidente mortal en el que se ha visto involucrado un repartidor o mensajero. Hace un par de años, un rider (ciclista que reparte a domicilio) de la empresa Glovo, fue arrollado por un camión de la limpieza en Barcelona. Este suceso provocó varias protestas de sindicatos y compañeros del fallecido, que denunciaban las condiciones de precariedad en las que se veían obligados a trabajar. Pero, ¿cuál es la situación laboral de estos repartidores actualmente?

En agosto de 2021 entró en vigor en España la ley Rider, una normativa que pretende acabar con el abuso sistemático de falsos autónomos en el reparto a domicilio y que obligó a las plataformas de envío a domicilio a contratar a sus repartidores como asalariados. Sin embargo, su aprobación no convenció a todos y motivó desde choques judiciales a amenazas de regresar a un modelo de negocio incompatible con los derechos laborales. Así, mientras que el Gobierno central y los sindicatos mayoritarios hacen un buen balance de la norma un año después, a ojos de los riders, ésta no ha resultado tan efectiva como se esperaba. Los repartidores se dividen entre aquellos que quieren ser asalariados y los que prefieren ser autónomos, pero todos ven cómo la ley se ha aplicado de manera desigual entre las diferentes empresas competidoras, con los consecuentes efectos en el mercado y en el trabajo.

La Ley Rider trató de reforzar el estatus laboral de los repartidores, que ya habían constatado numerosas actas de Inspección de Trabajo y sentencias en los tribunales, pero sin que las empresas cambiaran su modelo de negocio. El estatus laboral o de autónomo no es algo que se elija según lo que más convenga a la empresa o al trabajador, sino que queda definida por la relación entre ambos, por cómo se desarrolla la actividad. 

Antes de aprobarse la ley, compañías como Glovo, Deliveroo y Uber Eats no tenían a sus mensajeros contratados. Estos eran autónomos, lo que suponía un ahorro en costes laborales para las multinacionales y una merma de ingresos a la Seguridad Social en cotizaciones sociales. Tras la entrada en vigor de la ley, algunas de estas empresas como Deliveroo se fueron de España, otras se adaptaron a las nuevas normas del juego y otras desafiaron al propio Gobierno y a la norma.

Según los datos de un informe elaborado por el Foro de Humanismo Tecnológico de Esade, en colaboración con Just Eat, en un año se ha duplicado el número de trabajadores con contrato laboral del sector de reparto a domicilio a través de plataformas digitales. A pesar del avance, grandes plataformas como Glovo y Uber Eats continúan recurriendo a la contratación de autónomos para realizar sus repartos.

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