Aceite de oliva

SOS de las almazaras industriales: "No podemos comprar un kilo de aceitunas sin que nos sancionen"

  • El sector afirma que las restricciones del Ministerio de Agricultura ponen en peligro su viabilidad

  • Cree que vincular el pago de la aceituna al momento de la entrega y no a la decisión del agricultor hundirá los precios al concentrarse las ventas en un periodo muy corto

  • Como consecuencia de ello, las empresas lo tendrán difícil para cumplir con la obligación de comprar por encima del costo de producción

Macarena Sánchez del Águila, secretaria de Almazaras Federadas de España

Macarena Sánchez del Águila, secretaria de Almazaras Federadas de España

No hay año tranquilo en el sector del aceite de oliva. Las almazaras industriales, agrupadas en Almazaras Federadas de España, ven en peligro el desarrollo de su actividad en la campaña que entra no por circunstancias de mercado sino por las restricciones impuestas por el Ministerio de Agricultura.

Como explica Macarena Sánchez del Águila, secretaria de la asociación, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente de Agricultura, ha establecido como criterio que el pago de la aceituna al agricultor por parte de la almazara se realice, como máximo, a los 30 días de su entrega. Esto cambia radicalmente el modelo de relación comercial que estas empresas -en su mayoría pymes- y los productores mantenían hasta ahora. Éste consistía, básicamente, en un modelo de contrato, a través del cual, por procedimientos verificables, se establecían precios en consonancia con el momento del mercado. Pero el precio no estaba vinculado al acto de la entrega, sino que el momento de pago lo decidía el agricultor "en función de sus circunstancias, porque necesitara liquidez, por estrategia comercial, etc.", explica Sánchez del Águila.

Almazara industrial Almazara industrial

Almazara industrial

Eso permitía al productor un mayor control sobre el precio, ya que podía esperar al mejor momento. Ahora, sin embargo, no puede elegir, según afirman las almazaras. En el momento en que entrega la aceituna debe cobrar (en un máximo de 30 días) y eso implica casi con toda seguridad que el precio sea bajo, ya que la recolección se concentra en unos pocos meses (normalmente en enero y febrero) y por pura teoría de la oferta ese es el momento de cotizaciones más bajas. Sánchez del Águila asegura que este problema acabará salpicando a todo el sector ya que el 40% de la aceituna española se entrega en almazaras industriales. Al concentrar los pagos en el momento de más producción, explica, los precios se hundirán.

La situación, por otro lado, dificulta mucho la relación comercial con sus proveedores de las almazaras, que se encuentran, dicen, con otro problema añadido. Por la ley de la cadena alimentaria el pago de la aceituna debe cubrir como mínimo el coste de producción y eso puede ser imposible si se las obliga a liquidar justo en el momento en el que la cotización está más baja. Sánchez del Águila lo resume de esta manera tan gráfica: "A día de hoy es imposible comprar un kilo de aceitunas sin que la AICA te sancione".

Ya hay sanciones sobre la mesa

De hecho, ya hubo ya inspecciones en la campaña pasada, a partir de enero, y ya hay expedientes sancionadores "bastante fuertes" sobre la mesa, algo que Almazaras Federadas considera injusto y que ya está recurrido por la vía judicial y administrativa. 

Almazaras Federadas está llamando a todas las puertas posibles. Ya ha obtenido el apoyo de Asaja nacional, COAG, la Denominación de Origen de Priego y los industriales de Asoliva y Anierac -que enviaron una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas- y ha entregado misivas firmadas por agricultores en las que afirman que prefiere no cobrar en el momento de la entrega, y ha elaborado estudios comparativos en los que se demuestra que el sector productor sale mejor parado con el anterior modelo. Nada ha servido, por ahora, y el único argumento, según Sánchez del Águila, es que una interpretación más restrictiva de la norma es mejor. Almazaras recuerda que la propia directiva de la UE de prácticas desleales permite la entrega en 30 días sin vincularla al momento de la entrega del producto sino en el momento en que decidan las partes. En este caso, el Ministerio ha ido un paso más allá, "creando un problema donde no lo había", concluye Sánchez del Águila, quien afirma que nunca han recibido denuncias por parte de los agricultores.

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