Economía

Sánchez no derogará la ley laboral del PP por falta de apoyos

El Gobierno ve viable lograr un acuerdo con los interlocutores sociales para consensuar una nueva reforma del mercado de trabajo que "retoque" varios puntos de la actual legislación.

Doce días después de llegar a La Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo ayer la primera reunión de diálogo social con los líderes de patronal y sindicatos, encuentro en el que participó también la nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.

El Gobierno no ha cambiado de criterio ni es reservón, sólo tiene dosis de pragmatismo"

La ministra señaló posteriormente ante los medios que ve posible lograr un acuerdo social y político que modifique puntos esenciales del estatuto de los trabajadores, aunque no se plantea su derogación. "El Gobierno no ha cambiado de criterio ni es reservón, sólo tiene dosis de pragmatismo", aseguró Valerio.

Los agentes sociales plantearon al Gobierno los pormenores del acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que están pactando, y que supondrá un incremento salarial para los tres próximos años "de en torno" al 2%, más un 1% adicional, con un salario mínimo de 1.000 euros por convenio y una cláusula de garantía.

La ministra dio prácticamente por cerrado el acuerdo, y aseguró que el presidente del Gobierno está "muy contento" porque "es muy favorable y bueno" para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores actuales y los ingresos de la Seguridad Social.

También consideró que el acuerdo para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 850 euros mensuales en 2020 "fue muy positivo", y confió en que el acuerdo "llegue a buen puerto", con un incremento para los sueldos más bajos que implique mayor cotización.

No obstante, el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, explicó que tendrán una reunión en los próximos días para ver hasta qué punto habrá un acuerdo final, pero "la intención es positiva". Mientras, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, consideraron que el "hipotético" acuerdo está "cercano pero no cerrado".

Este pacto entre patronal y sindicatos contendrá otros asuntos para los que los agentes sociales buscan un consenso tripartito con el Gobierno, dijo la ministra.

Dichos temas versan sobre la necesidad de alcanzar un nuevo modelo de formación, aprovechar las posibilidades de las mutuas y abordar cambios en la legislación laboral como la subcontratación, la ultraactividad y la prevalencia de los convenios, el contrato relevo y la flexibilidad en caso de un expediente de regulación de empleo (ERE).

También quieren trabajar en medidas para evitar el exceso de temporalidad, que Valerio consideró "un problema grave y endémico", así como en el fraude en la contratación a tiempo parcial o los falsos autónomos, para lo que quiere reforzar la inspección de trabajo y de Seguridad Social con mayores recursos humanos y materiales.

La ministra de Trabajo también se comprometió a atajar la economía sumergida que supone "competencia desleal", los riesgos laborales y trabajar por la igualdad de género, con medidas para mejorar la conciliación, la racionalización de horarios y la incorporación o reinserción de la mujer al mercado laboral.

Desde la patronal, el presidente de la Cepyme, Antonio Garamendi, se mostró favorable a "mejorar" la legislación laboral actual, pero no a derogar la reforma que aprobó el Gobierno del PP en 2012, mientras que los sindicatos apuestan por avanzar hacia un modelo más inclusivo y democrático.

En materia de pensiones, Valerio indicó que los agentes sociales están de acuerdo en adoptar medidas para incrementar los ingresos del sistema y "racionalizar y reordenar los gastos", algo para lo que también espera contar con acuerdo parlamentario.

El Gobierno estudia incrementar los ingresos del sistema vía Presupuestos Generales del Estado (PGE), con el impuesto a las entidades financieras, con la tasa Google o incluso "con imposición general", explicó.

La ministra añadió también que las reducciones de cuotas y las tarifas planas suponen una merma de los ingresos de la tesorería de la Seguridad Social, por lo que el Gobierno está estudiando llevar a cabo transferencias del Estado al sistema de pensiones para compensar esa pérdida de recaudación.

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