El día 15 de octubre el Gobierno español envió a Bruselas el borrador de los Presupuestos Generales del Estado. Una semana después la ministra de economía Nadia Calviño recibía una carta en la que Bruselas le comunicaba que los presupuestos no respetaban los objetivos y las reglas fiscales de ajuste del déficit estructural, de control del gasto y de reducción de la deuda. La carta resalta que los Presupuestos contemplan una corrección del déficit estructural del 0,1% del PIB, cuando el objetivo acordado con Bruselas es del 0,65%. Lo cual implica la necesidad de acometer una reducción de gastos o aumento de ingresos tributarios de 7600 millones de euros. El gasto público primario aumenta el 3,8%, muy lejos del 0,9% acordado. Tampoco garantizan la reducción de la deuda pública, con el objetivo de alcanzar 60% del PIB a medio plazo. Advierte que los presupuestos no incluyen las medidas y políticas. Los presupuestos no son fiables y el riesgo de incumplimiento muy alto. El Gobierno español en funciones, abocado a unas nuevas elecciones, decidió enviar unos presupuestos prorrogados, sin contemplar nuevas medidas de aumento o creación de nuevos impuestos. Por el contrario, si incluyó un aumento del 0,9% para mantener el poder adquisitivo de 9 millones de pensionistas. También contempló la subida del 2% de los salarios de 2,5 millones de funcionarios. La proximidad de las elecciones y 11,5 millones de votos eran una razón suficiente.

La desviación que más preocupa a Bruselas es la del déficit publico estructural. En el año 2018 España se libró del brazo correctivo de Bruselas y del procedimiento de déficit excesivo. La vigilancia de la Comisión se centró en la evolución del déficit estructural. El déficit público estructural es la diferencia entre ingresos y gastos estructurales, excluyendo las variaciones coyunturales generadas por el ciclo económico. Permanece en épocas de crecimiento y bonanza. Actualmente España tiene un déficit estructural del 3,2%, el más alto de la Eurozona. La revisión de las pensiones con arreglo al IPC o el aumento del salario de los funcionarios, son gastos permanentes en el tiempo que aumentan el déficit estructural, si no son compensados por disminuciones o aumentos permanentes de otros gastos o impuestos. El déficit estructural es muy difícil de reducir. Su eliminación está ligada a reformas de la administración pública y de la política fiscal, buscando una mayor eficiencia. En el actual escenario de desaceleración económica intensa España, con el déficit estructural más alto de la Eurozona, es extremadamente vulnerable y sin holgura presupuestaria para hacer frente a una próxima recesión. El déficit público cíclico se dispararía y la prima de riesgo y las necesidades de financiación externa aumentarían, en un clima de creciente desconfianza de los mercados financieros. La Comisión Económica exige que el próximo gobierno envíe un presupuesto creíble y sostenible. Un Gobierno que contemple con realismo y responsabilidad la necesidad de reducir nuestra principal vulnerabilidad: una administración y una política fiscal ineficientes que están en la base de déficit estructural y de la reducida productividad y competitividad de España.