Economía

El Tribunal de Cuentas detecta múltiples deficiencias en los créditos ICO y avisa de que los impagos serán "intensos"

Nadia Calviño, este miércoles en el Congreso de los Diputados

Nadia Calviño, este miércoles en el Congreso de los Diputados / Javier Lizón / Efe

El Tribunal de Cuentas ha aprobado su informe de fiscalización de las líneas de crédito con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que cuestiona la capacidad de la aplicación informática utilizada como instrumento de control del otorgamiento de los avales y permite concluir que los impagos de los créditos ICO empezarán a manifestarse "de manera intensa" en ejercicios futuros.

El Tribunal de Cuentas ha aprobado cinco informes de fiscalización, de los cuales tres hacen referencia a ayudas y otorgamientos de avales concedidos por el Estado en 2020 por la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.

Uno de estos documentos, el 'Informe de fiscalización del otorgamiento de avales del Estado por medio de las líneas ICO para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, ejercicio 2020', realizado a iniciativa del propio Tribunal, tuvo por objeto la comprobación del cumplimiento por el ICO de la normativa en la concesión de los avales en las operaciones realizadas en 2020 y la evaluación de los sistemas y procedimientos de control interno y de gestión aplicados por el ICO en esas operaciones.

El ámbito de la fiscalización se extendió a la gestión realizada por el ICO en la concesión de los avales de las tres líneas aprobadas para paliar los efectos de la pandemia y fomentar la reactivación económica. Fueron objeto de análisis 953.782 operaciones de las Líneas Liquidez e Inversión, realizadas por más de 600.000 clientes, y 6.914 operaciones de la Línea Arrendamiento, realizadas por otras tantas personas físicas arrendatarias de viviendas.

La financiación avalada por el Estado se concedió por las distintas entidades financieras, que comunicaron al ICO las operaciones formalizadas con sus clientes para las que solicitaban el aval público a través de una aplicación informática. Para gestionar estos procedimientos, el ICO implantó un módulo adicional a una aplicación genérica preexistente, denominada Banc@ico.

En su informe, el Tribunal de Cuentas cuestiona la capacidad de Banc@ico como instrumento de control del otorgamiento de los avales y detalla las deficiencias de la aplicación y los errores e incongruencias detectados en los datos y en las validaciones analizadas.

Así, el informe identifica operaciones grabadas por duplicado, campos que admiten valores heterogéneos o que pueden dar lugar a equívocos y validaciones y campos que permiten combinaciones de datos que son "imposibles o incoherentes".

A modo de ejemplo, señala que en las líneas Liquidez e Inversión se detectaron 2.311 empresas beneficiarias de los avales que tenían registradas algunas operaciones como pyme y otras como no pyme en el mismo ejercicio 2020, sin que la aplicación alertase de esta situación.

Las comprobaciones efectuadas pusieron de manifiesto que 1.180 clientes eran grandes empresas que accedieron a los avales como pyme y también se detectaron 1.143 clientes que fueron clasificados como grandes empresas siendo pyme.

Además, el Tribunal de Cuentas apunta que el ICO debió comunicar las ayudas concedidas mediante estos avales públicos a la Base de Datos Nacional de Subvenciones cumpliendo una serie de requisitos (de plazo e importes).

También se analizaron los procedimientos de control establecidos por el ICO para conseguir el cumplimiento de las diferentes obligaciones asumidas por las entidades financieras.

El informe formula cinco recomendaciones sobre el funcionamiento general del ICO y otras tres sobre la gestión de la concesión de futuros avales en nuevas líneas que se aprueben con condiciones similares a las fiscalizadas.

El Tribunal de Cuentas también ha observado las primeras comunicaciones de impagos y solicitudes de ejecución de los avales en las operaciones fiscales, que le permiten concluir que los impagos empezarán a manifestarse intensamente en los próximos años.

"El informe aporta, a este respecto, datos que permiten concluir que la ampliación y generalización de los plazos de carencia para la devolución de este tipo de préstamos hacen previsible que los impagos y las consecuentes ejecuciones de los avales empezarán a manifestarse de manera intensa en ejercicios futuros, lo que será, en su caso, objeto de una futura fiscalización del Tribunal de Cuentas", ha afirmado.

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