La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una nueva sentencia que anula la resolución de 23 de enero de 2015 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de autorización de reinicio de los trabajos y del plan de restauración en la concesión de explotación de sulfuros polimetálicos en Minas de Riotinto, promovida entonces por Emed Tartessus, actualmente Atalaya Riotinto Minera.

Dicha resolución es consecuencia directa de la que ya dictó el Tribunal Supremo el pasado 21 de marzo, que ratificó la firmeza de otra sentencia de la misma sección y sala del TSJA, del 19 de septiembre de 2018, que declaró nula la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de 27 de marzo de 2014 del proyecto de explotación.

Atalaya Riotinto Minera, operadora de la mina de cobre de Riotinto, remarca que si bien esta sentencia anula la resolución administrativa de reinicio de la actividad de 2015, también confirma que es la Junta de Andalucía quien ha de solucionar la situación generada por los defectos administrativos en la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la mina de Riotinto.

"Todo ello lo hace sin poner en cuestión la normal continuidad de la actividad minera en el proyecto", remarca, lo que a su juicio despeja las dudas generadas en los accionistas, empleados y en general en el ámbito de influencia de la operación que hoy en día representa un importante flujo económico en la provincia Huelva, soportando más de 800 empleos, y que, tras años de abandono, ha llevado a la mina de Riotinto a cumplir con todos los estándares de excelencia en materia ambiental actuales.

Esta nueva sentencia de la Sala resuelve un recurso contencioso-administrativo interpuesto también por la organización Ecologistas en Acción, "quien, en su búsqueda de un pronunciamiento judicial de paralización completa de la mina, ha estado alegando múltiples deficiencias en el procedimiento administrativo".

No obstante, estas alegaciones no han sido tenidas en cuenta por la Sala, remarca la empresa, pues el Alto Tribunal anula la resolución de reinicio exclusivamente por la existencia de un pronunciamiento de ese mismo Tribunal que declaraba la anulabilidad de la AAU por un defecto de forma en el procedimiento de información pública, defecto que según el TSJA afectaba al derecho de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales.

Ante esta situación, Atalaya y sus asesores legales consideran que "queda claro que ha de ser la Administración andaluza quien, a la luz de las diferentes opciones que ofrece la legislación, cumpla los pronunciamientos judiciales y subsane el defecto administrativo que originó la situación jurídica actual".

La pronta resolución de esta cuestión "redundará sin duda en beneficio de Andalucía y su imagen como destino atractivo para la inversión por su seguridad jurídica y conformarse como un entorno favorable a la industria responsable y excelente, como es en particular la de la minería metálica andaluza", agrega la compañía.

Atalaya también considera que la nueva sentencia ni pone en cuestión la continuidad del proyecto ni afecta a los planes que ya conoce la Administración de invertir más de 80 millones de euros en la modernización necesaria para ampliar la actividad productiva.

Por todo ello sigue estando a disposición de todas las partes interesadas, incluyendo a la Junta, organizaciones ecologistas, sindicatos, empleados y ciudadanía en general, "para seguir colaborando con transparencia por una minería excelente en los planos ambiental y de seguridad, y seguir así aportando empleo y riqueza a la región de manera sostenible".

La Junta de Andalucía, por su parte, anunció ayer que va a recurrir en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJA. En declaraciones a los periodistas, la delegada del Gobierno en Huelva, Bella Verano, indicó que los servicios jurídicos ya están trabajando en dicho recurso contra una sentencia que, según apuntó, es consecuencia de una anterior que anulaba la Autorización Ambiental Unificada (AAU) otorgada a esta explotación por un defecto de forma.

"Esa primera anulación repercute en la licencia de reapertura de la mina pero, realmente, no suspende en ningún momento su actividad, porque además, no es una sentencia firme", señaló Verano.

La delegada envió un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de la minas, a los accionistas y a toda la zona "donde es muy importante la actividad minera", en el sentido de que "realmente no hay suspensión de actividad de la mina, que todo va a seguir tal cual".

La sentencia que será recurrida, conocida ayer, estima la demanda interpuesta por Ecologistas en Acción contra una resolución de la Administración autonómica que avalaba la autorización que la propia Junta había dictado de reinicio de los trabajos y del plan de restauración en la concesión de explotación de sulfuros polimetálicos en Minas de Riotinto. Entiende el TSJA que actualmente la explotación minera carece, por estar anulada, de AAU, documento necesario para que se pueda otorgar la autorización de funcionamiento.