Economía

El administrador concursal pide al Juzgado intervenir la gestión del grupo Abengoa

  • La decisión evita la convocatoria de junta extraordinaria para destiuir al consejo y nombrar otro

Entrada a la sede social de Abengoa, el sevillano Campus de Palmas Altas.

Entrada a la sede social de Abengoa, el sevillano Campus de Palmas Altas. / José Manuel Vidal · Efe

El administrador concursal de Abengoa, EY Abogados, consumó ayer la advertencia trasladada a los comités de empresa, de que no permitiría más juntas generales de accionistas para que éstos tomasen el control del grupo. Su argumento fue que Terramar Capital retiraría su oferta si eso sucedía.

En el día de ayer, justo en el límite del plazo para convocar la junta general extraordinaria que debía votar el cese del consejo, EY solicitó al Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla (Sección 3a) el cambio de régimen concursal, para que éste pase de concurso voluntario a uno de intervención al de suspensión de las facultades de la concursada sobre la masa activa,  en virtud del artículo 108 de la Ley Concursal. EY solicitó adicionalmente, y para el resto de sociedades pertenecientes al grupo de la concursada, el régimen de intervención de las facultades de los respectivos órganos de administración.

La petición fue comunicada por Abengoa ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ocho minutos después de la media noche, aunque con fecha de 21 de junio.

Con este movimiento, que debe ser ahora validado el juez, y del que no se informa las razones legales que la motivan (algo a lo que obliga la ley), supone que todo el grupo Abengoa queda intervenido y por el administrador concursal.

Esta decisión era casi la única salida legal que había para evitar que se celebrase la junta general extraordinaria que el pasado 21 de mayo, la sindicatura de accionistas Abengoashares, principal partícipe de Abengoa, con más del 21% de los derechos de voto del capital, solicitó mediante poderes notariales que superaban el 3% del accionariado, y cuyo objetivo era destituir al consejo de administración y elegir uno nuevo.

El orden del día proponía en primer lugar que se vote el cese del actual consejo, integrado por Juan Plablo López-Bravo, que lo preside, y por Cristina Vidal Otero, que fue nombrada por cooptación sin que su designación hubiese sido aún ratificada en una junta general de accionistas. En segundo lugar, la junta debe elegir a un nuevo consejo, que la solicitud propone que esté integrado por Clemente Fernández González, José Joaquín Martínez Sieso y José Alfonso Murat Moreno. Se trata de la misma candidatura de la anterior junta general convocada para el 3 o 4 marzo y que canceló el juez Miguel Ángel Navarro.

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