Más de diez mil perjudicados por la huelga masiva de los controladores de AENA el pasado diciembre siguen sin cobrar las indemnizaciones seis meses después.

La Agrupación de Demandantes Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo, que agrupa al mayor número de perjudicados, denunció que todavía no han sido resarcidos económicamente tras seis meses del caos aéreo, que desembocó en la declaración de un estado de alarma.

La presidenta de la agrupación, Elena Fuente, pide justicia en un comunicado remitido por el gabinete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, y señala que "los graves incidentes deben significar un antes y un después en la responsabilidad por el funcionamiento de los servicios públicos".

Recuerda que este sábado se cumplen seis meses de la declaración del estado de alarma por el Gobierno como consecuencia del cierre del espacio aéreo por parte de AENA a causa del abandono de las obligaciones de los controladores.

Denuncia que mientras AENA y los controladores llegaron a un acuerdo "miles de viajeros afectados siguen a día de hoy sin ser indemnizados por los daños que tal decisión arbitraria les causó".

Fuente indica que son más de diez mil los demandantes y que habrá "muchos más" porque el plazo para presentar una reclamación no expira hasta el 3 de diciembre de este año, por lo que anima a cualquier afectado a sumarse también a la demanda colectiva.

La Plataforma de Afectados pide una indemnización de unos 10.000 euros a AENA por "daño moral" para cada uno de los perjudicados.

El cierre del espacio aéreo tuvo lugar durante el puente de la Constitución del viernes 3 y sábado 4 de diciembre y dejó en tierra a más de 600.000 pasajeros.

La huelga de los controladores se produjo después de que el Consejo de Ministros ratificara ese viernes un real decreto de medidas económicas que fijaba el máximo de horas que pueden realizar los controladores de tránsito aéreo en 1.670.

El caos aéreo se inició primero en los aeropuertos de Barajas, Baleares, Canarias y Galicia, donde los controladores abandonaron masivamente sus puestos de trabajo en protesta por la decisión del Gobierno.

Miles de personas no pudieron viajar y a los pasajeros que ya habían embarcado se les obligó a descender del avión, mientras que los vuelos que habían despegado y tenían que aterrizar en algún aeropuerto español fueron desviados a los de otros países.

El día 4 el Consejo de Ministros aprobó un decreto por el que el Ministerio de Defensa asumía el control del espacio aéreo español y decretaba el estado de alarma, que se prolongó hasta el 15 de enero.

La normalidad en los aeropuertos empezó a notarse el día 6 y el día 7 fue absoluta ya que de los 280 controladores que debían acudir a primera hora a sus centros lo hicieron 277.

El sector turístico y las aerolíneas calcularon en unos 500 millones de euros las pérdidas ocasionadas.

De hecho, la Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo (ACETA) reclama unos 100 millones de euros a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.

En los tribunales, la Fiscalía ha abierto investigaciones a unos 500 controladores.