La sociedad civil andaluza no es especialmente vigorosa. Cualquier iniciativa ajena al aparato -partidos, sindicatos, administraciones- choca aún con la cruda realidad de la indiferencia. Pero algunos no cejan. Es el caso del Observatorio Económico de Andalucía, creado en 1990 e integrado hoy por unos 70 académicos y profesionales del mundillo. Ayer, dos de sus miembros, Francisco Ferraro, catedrático en Sevilla, y Joaquín Aurioles, profesor en Málaga, presentaron una hoja de ruta para que la comunidad con más paro de España reaccione y se transforme. Antes, parte de la explicación al problema: la demanda agregada (la suma de consumo más inversión de particulares y empresas) es un 10% superior en lo que va de década al PIB andaluz. "Buena parte del diferencial del desempleo en la región respecto al resto del país y Europa se debe a ese porcentaje", subrayó Aurioles.

La traducción es tan gráfica como fría: cuando gastas más de lo que produces, sólo tienes dos opciones. O ahorras o te endeudas. Y el ahorro no es la especialidad de las familias andaluzas. "Somos más pobres de lo que creíamos, y eso debe notarse no sólo en el gasto futuro sino también en la renta", apuntó Ferraro.

¿Soluciones? Desde luego. El Observatorio aboga por reformar ya el mercado laboral e invita al Gobierno a aparcar su afán por contentar a todos. La cobertura al parado funciona relativamente bien, pero la dualidad fijos/temporales sigue ahí, la negociación colectiva "es la más ineficiente de la UE" y la intermediación resulta tan lenta que quizás habría que plantearse una privatización del servicio. Rebajar los costes de la administración también ayudaría. "Muchos de los organismos autónomos creados no han logrado desplazar a las administraciones originales", recordó Aurioles. Montar una empresa todavía es burocráticamente rocambolesco (urge la ventanilla única). Por no hablar del sistema educativo, donde el Observatorio reivindica menos teoría y más habilidades, abolir el despilfarro de "nueve universidades clónicas" y reforzar el papel de la Universidad Internacional de Andalucía.

El capítulo de los lastres es interminable: escasísima inversión productiva (maquinaria, herramientas), ridícula cualificación profesional, anecdótica apuesta empresarial por el I+D y, sobre todo, un sistema político reacio a eliminar el problema con soluciones contundentes a medio y largo plazo. Entre ellas, la racionalización de los incentivos. "Quien mejor incentiva es el mercado; los incentivos están hechos para discriminar, y a través de ellos también se cambia el modelo productivo. Si incentivas a quien innova, no le regalas nada, sólo le pagas lo que está dando a la sociedad", reflexionó Ferraro. Ya que el asunto ocupa tanto tiempo y tantos debates, estaría bien saber cuánto necesita Andalucía para reinventarse, para alcanzar ese nuevo modelo redentor. "Es imposible saberlo", admitió Aurioles, "pero lo obvio es que hay que empezar ya a colocar los cimientos".

¿Y el sistema financiero? Aquí llegó la única desavenencia -civilizada- entre Ferraro y Aurioles. Si el primero atribuye al objetivo de la gran caja andaluza una utilidad mucho más política que económica -"la Caixa siempre será mejor; miren los niveles de los consejos de administración de nuestras cajas"-, el segundo apadrina la idea basándose en el fortalecimiento del territorio -"una caja propia es esencial"-.