EEUU los confirma

Los fuertes aranceles a la aceituna negra española se mantendrán por dañar a los productores californianos

  • La Comisión de Comercio Internacional ratifica la postura del Departamento de Comercio y avala los sobrecostes de hasta un 34,75%

  • Los argumentos en los que basa la guerra comercial contra la Política Agracia Común de la UE se conocerán el día 24

Dos operarias trabajan en una planta de Agro Sevilla, ubicada en La Roda de Andalucía

Dos operarias trabajan en una planta de Agro Sevilla, ubicada en La Roda de Andalucía / Juan Carlos Vázquez

Los aranceles a la aceituna sevillana se mantienen al menos cinco años. La Comisión de Comercio Internacional (ITC) de EEUU decidió hoy que las importaciones de aceitunas negras procedentes de España causan un daño importante o son una amenaza para la industria californiana, según confirmó la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa).

La decisión fue tomada hoy por la ITC pero las razones y argumentos que sostienen la implantación definitiva de estos aranceles no se conocerá hasta el próximo 24 de julio, cuando este organismo haga pública la resolución y adopte formalmente su resolución final en el marco de la investigación sobre el daño comercial del producto que exporta España.

Cuando esta resolución esté blanco sobre negro, será cuando el el Departamento de Comercio de EEUU, que en dos ocasiones anteriores ya se pronunció en el mismo sentido (hace un año con los sobreprecios provisionales, y hace un mes la ratificó y elevó) adoptará sendas órdenes de imposición de derechos antidumping y derechos compensatorios de las subvenciones como resultado final de las investigaciones.

A los productores españoles, en su gran mayoría sevillanos, les quedaba la esperada de que la decisión de la ITC cayera de su lado, lo que habría supuesto la revocación de los sobreprecios que ya había anunciado el Departamendo de Comercio estadounidense, pero al considerar que hay daño a los productores de aceituna californiana, su resolución supone la confirmación de los aranceles impuestos por el Departamento de Comercio el pasado 11 de junio del 34,75%, del que un 20% corresponde al procedimiento antidumping y el 14,75% restante al procedimiento antisubvencion.

Los aranceles se imponen por un periodo de cinco años prorrogables por cinco más y supondrán la pérdida de la práctica totalidad del mercado americano de aceituna negra para España, además crean "un peligrosísimo precedente para todos los productos agrícolas procedentes de la UE, al poner en cuestión el modelo de ayudas de la PAC", recalca Asemesa al anunciar el peor de los augurios.

Ciertamente, la decisión de la comisión que ratifica la postura del Departamento de Comercio de la Administración Trump pone en riesgo toda la producción agricola de la UE, que está sujeta a la misma PAC que la aceituna negra.

"Desgraciadamente, se han cumplido los pronósticos y EEUU ha confirmado su amenaza contra la aceituna negra española y contra la PAC. , explicó hoy Antonio de Mora, secretario general de Asemesa, quien añadió: "Nos preguntamos cuál será el próximo sector atacado". A juivio de Asemesa, "la UE no debería permitir que las autoridades americanas de defensa comercial cuestionen su modelo de desarrollo rural y de apoyo a la agricultura, por lo que pedimos a la Comisión Europea que actúe inmediatamente tomando las medidas que sean precisas, incluyendo el inicio de procedimientos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)”, precisó De Mora.

Por ello Asemesa, que representa desde hace más de 90 años a la industria dedicada a la elaboración, comercialización y exportación de la aceituna de mesa en España, anuncia que recurrirá las resoluciones adoptadas ante los Tribunales competentes de la jurisdicción americana y pide a la Comisión Europa que haga lo mismo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Bruselas estaba esperando a la confirmación definitiva de los aranceles para tomar medidas que los contrarresten. Se espera también una inmediata reacción de rechazo de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España.

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