Alejandro Martín

El sector financiero español ha sufrido una profunda transformación a lo largo de los últimos cinco años. Los cambios se han centrado fundamentalmente en las cajas de ahorro, que han sido lapidadas -especialmente desde Bruselas- como agravantes de la crisis a causa de una política de créditos cuanto menos arriesgada, y a una gestión alejada de un correcto desempeño profesional en muchos casos. El número de cajas ha pasado de casi el medio centenar a apenas una decena. El marco legal también ha variado radicalmente. Sólo dos entidades minúsculas, -Caixa de Ontenyent y Caixa de Pollença- siguen funcionando conforme al antiguo modelo financiero, vigente durante 200 años, y que hizo de las cajas uno de los instrumentos claves para financiar la actividad económica en zonas alejadas de los centros financieros, supliendo las carencias del Estado del Bienestar a través de su obra social y facilitando la inclusión financiera de los más débiles.

El resto de cajas supervivientes, las más fuertes del sector y ejemplos de que no todas habían cometido los mismos errores, ejercen ahora su actividad financiera a través de un banco del que son accionistas principales. Y se enfrentan a la quinta reforma financiera desde el estallido de la crisis. Si sale adelante en sus actuales términos la última modificación legal planteada por el Gobierno, se verán obligadas a reconvertirse en fundaciones bancarias, con un severo régimen de incompatibilidades entre sus patronos y los directivos de los bancos controlados por ellas.

La nacionalización de Bankia, la fusión de siete antiguas cajas vinculadas a comunidades del PP y liderada por Caja Madrid y Bancaja, fue todo un golpe para la economía española. El Gobierno forzó la dimisión de su equipo directivo y la toma de control por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria al constatar la inviabilidad de su futuro en solitario. La magnitud del agujero, más de 20.000 millones de euros, sumado a los problemas de Novacaixagalicia, Catalunyacaixa o Unnim, constató que España no podía asumir en solitario el coste de su recapitalización. El Gobierno se vio obligado a solicitar un crédito a sus socios de la Eurozona de más de 40.000 millones de euros para recapitalizar el 30% de las antiguas cajas de ahorro. A cambio, tuvo que firmar un Memorándum de Entendimiento que imponía un severo control del sistema financiero desde Bruselas y el Fondo Monetario Internacional.

La troika formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, ha exigido también un draconiano ajuste en las entidades nacionalizadas que han recibido el grueso de las ayudas. Entre las nuevas condiciones, se encuentra la reducción de su negocio en un 60%, la prohibición de la financiación al negocio inmobiliario o la retirada hacia sus territorios de origen.

En paralelo, la justicia ha respondido a las denuncias de varios partidos políticos y particulares con la apertura de varias investigaciones judiciales y parlamentarias. Entre ellas, destaca la centrada en la fundación y posterior salida a bolsa de Bankia que se instruye en la Audiencia Nacional. La instrucción ya ha desencadenado la imputación de decenas de ex directivos de Bankia, y la correspondiente procesión de imputados y testigos a los juzgados para prestar declaración. Aunque todavía falta mucho para que se puedan determinar responsabilidades penales -si es que las hubiere-, las declaraciones sí han puesto de manifiesto la porosidad de los directivos a las exigencias del poder político, así como una aparente laxitud en los controles de gestión, provocada en muchos casos por indolencia o ignorancia.