La fusión entre Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), operación que debería recibir el visto bueno de los consejos de administración de ambas entidades antes de finales de junio, no se ha visto ralentizada por el proceso de resolución y posterior venta de Banco Popular.

Según fuentes del sector, los asesores de Bankia que estudiaban la posible adquisición de Banco Popular difieren de los que analizan la operación con BMN -grupo conformado por Cajagranada, Cajamurcia, Caixa Penedès y Sa Nostra-, por lo que el proceso de negociaciones para definir la ecuación de canje de acciones no se ha visto interferido.

Los ex consejeros del Popular pierden casi un millón de euros por la resolución del banco

La operación está destinada a consolidar todavía más el sector bancario español para finales de año o comienzos de 2018 -condición requerida por las autoridades comunitarias y españolas-, aunque según fuentes conocedoras todavía no se ha alcanzado un acuerdo sobre el precio definitivo.

No obstante, las negociaciones han avanzado durante las últimas semanas ajenas a la situación de Banco Popular y el calendario de la fusión previsto sigue en pie.

Los plazos más optimistas contemplan que los consejos de administración de las dos entidades den el visto bueno a la integración antes de julio para que las juntas de accionistas de ambos bancos ratifiquen el acuerdo antes de agosto.

En este caso, a partir de septiembre, se iniciaría el procedimiento de integración entre Bankia y BMN, que requiere el visto bueno de los organismos regulatorios pertinentes, y se completaría para finales de año o comienzos de 2018.

Sin embargo, otras fuentes conocedoras del proceso insisten en que los plazos otorgados son aproximados y dejar la operación resuelta antes de agosto cumpliría con los objetivos "más ambiciosos". Una mínima demora podría provocar que las juntas de accionistas de ambas entidades para dar luz verde a la integración se celebren en septiembre, ya que agosto se considera un mes inhábil en el sector. En cualquier caso, la fecha idónea para completar el proceso de integración en términos de contabilidad sería el próximo 1 de enero, por lo que se confía en tener las autorizaciones correspondientes antes de esta fecha.

El próximo 30 de junio vencen las restricciones impuestas por Bruselas a Bankia en el marco de su plan de reestructuración hace ya cinco años, por lo que el banco podrá participar a partir de entonces en operaciones corporativas, lo que permitirá a la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri crecer de forma inorgánica.

Por otra parte, y precisamente a raíz de la crisis y resolución del Banco Popular, los ex miembros del consejo de administración del banco han perdido unos 993.468 euros por la amortización de las acciones a un precio de cero euros que ordenó la Junta Única de Resolución (JUR).

Del total de 13 consejeros con los que contaba la entidad con anterioridad a su resolución y posterior venta a Santander, ocho eran titulares de acciones, según recoge Europa Press a partir de los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los otros cinco consejeros, que no habían adquirido títulos del banco, son los últimos que se incorporaron al consejo de administración. Concretamente, se trata del presidente, Emilio Saracho; el consejero delegado, Ignacio Sánchez-Asiaín; el vicepresidente primero, Antonio González-Adalid García-Zozaya; y los vocales Carlos Alfonso González Fernández y José Barreiro Hernández.

Los ex consejeros que sí contaban con acciones de la entidad sumaban en total algo más de 406 millones de títulos que, tomando como referencia la última cotización de la entidad, tenían un valor de 128,7 millones de euros.

No obstante, la mayor parte de las acciones, unos 402,9 millones, correspondían a la Sindicatura de Accionistas de Banco Popular, que disponía de un 9,6% del capital y era el principal accionista del banco. Sin tener en cuenta la Sindicatura, los ex consejeros disponían de unas 3,13 millones de acciones, valoradas en 993.468 euros antes de la resolución.

Entre los ex consejeros con mayor número de acciones se sitúa Helena Revoredo, vocal del consejo, que disponía de un 0,062% indirecto del capital total del banco a través de la compañía Gubel, de la que controla el 56%.

Por detrás, el ex vicepresidente segundo José María Arias contaba con 237.321 acciones (0,006% del capital); los vocales Jaime Ruiz, con 170.852 títulos (0,004%), Vitalino Nafría, con 50.000 acciones (0,001%), y José Ramón Estévez, con 45.718 títulos (0,001%), así como Reyes Calderón, vocal y consejera coordinadora, con 7.146 acciones. Algunos de estos ex consejeros habían acudido a la ampliación de capital que el banco lanzó en mayo de 2016, cuando suscribieron en conjunto un mínimo de 329.056 acciones, según consta en los registros de la CNMV. La ampliación se lanzó a un precio de 1,25 euros por acción.