Hoy es un día clave para la nueva Política Agraria Común. Se presenta la propuesta de reglamento, es decir, el primer texto legislativo. Ya no será sólo filosofía. También habrá concreciones.

¿Mantendrá Andalucía su ficha financiera? ¿De qué depende que la conserve o no?

Para toda Europa, la Comisión prevé en el periodo 2014-2020 casi 383.000 millones de euros -281.000 en ayudas directas-, un 11% menos que en el periodo anterior. España recibirá para subvenciones, previsiblemente, algo menos de 5.000 millones ¿Andalucía? Está por ver. Según el actual borrador, los estados pueden redistribuir su ficha por regiones de acuerdo al potencial productivo, en lo que Andalucía sale ganando. Pero todo está a expensas de una postura de Estado, que ahora no existe, y de un eventual pacto entre las comunidades autónomas, que se proponen alcanzar antes del Consejo de Ministros de Agricultura del 20 de octubre. La agenda política ha estado marcada por la lentitud en la negociación. Sólo la semana pasada el Ministerio dio impulso real, muy a contrarreloj, a la búsqueda de una postura común. Antes sólo ha habido reuniones esporádicas y unas elecciones locales y autonómicas que ralentizaron aún más el proceso. Andalucía ya tiene los deberes hechos, con un pronunciamiento parlamentario hace unos días y un consenso en marzo entre las organizaciones agrarias. El objetivo es mantener los casi 2.000 millones de ficha, de los cuales 1.600 son subvenciones directas, el 30% del total. O lo que es lo mismo: 413,99 euros por hectárea, frente a los 273 de media en España. Parece muy difícil lograrlo.

¿Qué criterios se seguirán para distribuir las ayudas?

Ahora, el agricultor, salvo excepciones, cobra un fijo según un histórico de producción. El sistema beneficia al olivar, que recibe aproximadamente la mitad de las ayudas directas que llegan a Andalucía. La nueva PAC pretende partir de cero: "Deshace el puzle y tira las fichas para arriba", explica, gráficamente, Miguel López, secretario general de COAG. La idea es un pago por hectárea para todos los cultivos que iguale las ayudas en toda Europa: la tasa plana. España está en contra, y, a expensas del acuerdo autonómico, intentará aplicar criterios productivos, posiblemente a través de la división del país en zonas agronómicas. Asaja-Sevilla propone, para Andalucía, usar el plan de comarcalización fijado en 1992, que es "una foto productiva" de la región, y el Plan de Zonas Homogéneas del Olivar, que fija los modelos de rendimiento "incluso por municipios". En cualquier caso, si Andalucía sufre una pérdida sustancial, para el agricultor individual ésta será gradual: según explica Antonio Caro, coordinador de los Servicios Técnicos de Asaja-Sevilla, el último borrador fijará un pago más alto para los agricultores que recibieron ayudas en 2011 o heredaron derechos en 2012 y 2013. Las nuevas explotaciones comenzarán en un nivel más bajo, pero el objetivo es que los pagos se igualen en 2019.

¿Qué sectores pueden verse perjudicados?

Si no se aplican criterios de producción en las ayudas puede salir muy perjudicado el regadío. Como afirma José Luis de Miguel, coordinador de los servicios técnicos de COAG, "se está implantando un modelo para los países del norte de Europa, donde el regadío no existe; aquí es el 80% de la producción final agraria". En la Europa continental, además, la variedad de cultivos dista mucho de la española, lo que hace allí más lógica la tasa plana. Desde Asaja se insiste en que es España, como país, la que debe hacer labor de Estado, y explicar esta diversidad y también el regadío, que en Europa no "entienden, no acaban de verlo". Por lo demás, se sabe que cultivos como el algodón recibirán 1.292,65 euros por hectárea. Es menos que los 1.400 actuales, pero al menos en este sector hay una certidumbre. Algo que no hay en la remolacha: la idea es la de suprimir las cuotas, lo que, según el sector, desregularía el mercado y perjudicaría a Andalucía, con mayores costes de producción por sus condiciones climáticas. Sí se beneficiará la agricultura ecológica, al cumplir con las nuevas exigencias medioambientales de la PAC.

¿Qué requisitos debe cumplir el agricultor para recibir las ayudas?

Tiene derecho a un pago base, pero el 30% está condicionado a prácticas medioambientales obligatorias. No está claro si el productor recibirá ayudas si no las cumple, pero todo parece indicar que no. "Nos obligan a que una explotación que supere las tres hectáreas reserve espacio para tres cultivos distintos, uno nunca inferior al 5% y el otro no superior al 70%. ¿A qué razón agronómica y de economía obedece esto? Están interviniendo en la planificación del agricultor", señala Antonio Caro. También se obliga a que el 7% de la superficie sean setos, fajas o terrazas, lo que según Asaja no casa con el objetivo de producción de alimentos de la PAC. Miguel López es muy contundente: "La PAC verde es una forma de engañar a la sociedad europea: plantea un debate falso, cuando la cuestión es que se desactiva el sistema productivo".

¿Tendrán los grandes terratenientes acceso a las subvenciones?

El borrador de reglamento contempla límites en las ayudas, pero todos parecen dar por hecho que en el proceso de elaboración estos serán eliminados. A partir de 150.000 euros el agricultor iría perdiendo un porcentaje de ayudas, que iría aumentando hasta las 300.000, límite a partir del cual no recibiría nada, salvo el pago verde y bonificaciones por crear empleo. Ya en el último Consejo de Agricultura Alemania se mostró radicalmente en contra, por considerar que es una medida que va contra la concentración de la oferta. Asaja está de acuerdo, pero COAG cree que se debe primar al pequeño agricultor: en España, según esta organización, el 80% de los productores trabajan en sólo tres de las 24 millones de hectáreas agrícolas del país.

¿En qué medida aborda la PAC la regulación de mercados?

Sólo aplica medidas paliativas, con la creación de un fondo para compensar a los agricultores por crisis como la del pepino (3. 500 millones) y otro llamado de globalización para amortiguar el golpe por posibles acuerdos con terceros, como el que se firmó con Marruecos o el que se negocia con Mercosur (2.500 millones). También hay fondos para la seguridad alimentaria o la innovación, y, sin embargo, apenas hay nada sobre reivindicaciones agrarias como la revisión de los precios de intervención y de almacenamiento, o la reforma de las normas de competencia para dar mayor poder de negociación a las organizaciones de productores.

¿Cuándo se aplicará?

El 1 de enero de 2014 es la fecha, pero probablemente se retrasará, por varias razones. El visto bueno obligatorio del Parlamento europeo alargará el proceso, y en los dos próximos años hay elecciones en España, Francia, Italia y Alemania, es decir, en el núcleo de la UE. Esto hará aún más lenta la tramitación. Probablemente habrá que esperar a 2015.