El ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura ha exculpado a este organismo de cualquier responsabilidad en los daños que ha producido a miles de pequeños inversores la comercialización generalizada en España de productos de riesgo como las participaciones preferentes. "La CNMV actuó con respeto a la ley y haciendo todo lo que la ley permitía. No podíamos haber hecho nada más que no fuera un disparate", ha insistido una y otra vez Segura, en respuesta a las preguntas que le han formulado los diputados de la comisión del Parlamento catalán que investiga la quiebra de las cajas de Cataluña. Segura ha negado incluso que la CNMV incurriera en una "inacción" o en simple "pasividad", con el argumento de que elevó varios informes alertando del problema de las preferentes tanto al último gobierno socialista, "que dio -ha dicho- la callada por respuesta", como al actual Ejecutivo.

El que fue presidente de la CNMV entre 2007 y 2012 ha dicho comprender "que se pueda sentir una insatisfacción profunda" por todo lo ocurrido, ya que "se ha demostrado que la legislación vigente es inadecuada y que la CNMV no tiene instrumentos para anticipar actuaciones que pudieran suavizar la situación que se creó". El ex responsable del organismo supervisor ha admitido que, con la legislación actual, la CNMV "sirve para mucho menos de para lo que podía servir" y ha lamentado, por ejemplo, que sea un organismo sin autonomía para contratar inspectores o para gestionar un presupuesto que es aprobado por el Gobierno.

Además, ha criticado también que la legislación prohíba a este organismo o al Banco de España desvelar el nombre de las entidades bancarias a las que se ha abierto expedientes sancionadores por la comercialización inadecuada de las preferentes. Segura ha explicado que, durante su presidencia, la CNMV incoó seis expedientes sancionadores y que otros once estaban en proceso de ser abiertos, aunque ha lamentado que las sanciones que se derivan "no son disuasorias" por su escasa cuantía.

Un total de cuatro millones de ciudadanos en España, 600.000 de ellos en Cataluña, han resultado afectados por la comercialización inadecuada de participaciones preferentes, según han recordado los diputados de la comisión del Parlamento. Julio Segura ha destacado que en 2011 y 2012 llegaron a la CNMV reclamaciones por preferentes que se habían vendido incluso a pequeños ahorradores que habían firmado con cruces o con sus huellas dactilares los documentos que les presentaban las entidades bancarias.

La comisión del Parlamento que investiga la quiebra de las cajas ha retomado su actividad con la única comparecencia de Segura, a pesar de que la cámara había citado a otras doce personas. El resto ha eludido responder a la convocatoria o bien ha comunicado formalmente a los diputados catalanes que no iban a comparecer en el Parlamento, mientras que la presidenta del banco malo, Belén Romana, ha aplazado su intervención al 3 de febrero.

El ministro de Economía, Luis de Guindos; los ex ministros Elena Salgado y Pedro Solbes; el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez; el ex secretario de Estado de Economía José Manuel Campa; el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, o los el ex gobernadores Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Jaime Caruana son algunas de las personas que habían sido citados a comparecer en el Parlamento. El ministro De Guindos anunció por carta que no asistiría a esta comisión de investigación porque por su cargo no tiene ninguna obligación legal de comparecer en ella, pero se mostró dispuesto a acudir un día al pleno del Parlamento para hablar sobre la reestructuración bancaria.