Este miércoles hemos conocido que en España se ha batido un nuevo récord: nuestra deuda pública ha alcanzado los 1.314.335 millones de euros al cierre de enero, casi un 10% más con respecto a enero del pasado año. Efectivamente, la Real Academia Española define récord como el resultado máximo conseguido hasta un momento determinado en una actividad. Pero hay que preguntarse si se le puede seguir denominando así cuando ese máximo se renueva continuamente, perdiendo ese carácter que debe tener un récord de algo excepcional y muy difícil de superar. Es lo que le pasa a la deuda pública española, que lleva doce años de récord en récord y bajo la completa seguridad de que va a seguir marcándolos sin descanso en el futuro próximo.

Para comprender la magnitud del crecimiento que ha experimentado la deuda pública estos últimos años hay que señalar tres momentos. En 2008, justo antes de la crisis financiera: ascendía a 0,4 billones de euros (39,5% del PIB). A principios de 2020, justo antes del inicio de la pandemia: se había multiplicado por tres, hasta los 1,195 billones de euros (95,5% del PIB), tras más de once años recogiendo los efectos devastadores de la crisis financiera y sin que se procediera a su disminución a pesar de la llegada de la recuperación en 2014. Y actualmente: el primer año de la pandemia la ha disparado en 118.457 millones de euros (hasta el 117% del PIB).

La sostenibilidad de ese enorme volumen de deuda está siendo posible por la intervención del Banco Central Europeo. Con sus programas de compras de activos se ha convertido en propietario de 384.845 millones de euros de deuda pública española (el 29,2% del total). Disponer de este comprador incondicional ha facilitado que la prima de riesgo española se mueva en niveles bajos, con el consecuente ahorro de intereses que esto supone anualmente. Así, el Tesoro cobra a los inversores a corto plazo (hasta 5 años) y paga por el bono a diez años un 0,3%.

Y la semana pasada se vio cómo el BCE está al quite, y en cuanto el coste de la deuda ha comenzado a elevarse levemente, se ha comprometido a incrementar sus compras de bonos para detenerlo y garantizar la recuperación con ello. Por supuesto, también a renovar y renovar todos los importes adquiridos mientras haga falta. Y ya veremos qué más habrá de hacer, porque quedan años duros de fuertes déficits y los récords seguirán, y no cesan las intensas tendencias al alza de los rendimientos.

La Comisión Europea, en sus últimas previsiones, señalaba que la deuda pública española podría alcanzar el 122% del PIB en 2021; y en 2022, el 124%. Ante este panorama -el problema no se limita a España- ha planteado mantener en suspenso las reglas fiscales hasta al menos 2023 y ser flexible para exigir su cumplimiento a partir de esa fecha. Recordemos que el criterio previsto por el Tratado de Maastricht, basado en la prudencia y el rigor financiero, considera que un país tiene unas finanzas saneadas si su deuda pública no supera el 60%. En Bruselas también se habla ya dereformar esta regla sobre la deuda, de hacer con ella un Groucho Marx (éste es mi criterio, pero si es incumplible, pongo otro) y "tirar p'alante".