"Estábamos a un cuarto de hora de firmar", se lamentaba ayer el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, tras ver volatilizadas las esperanzas de una reforma pactada de la negociación colectiva por una supuesta radicalización de la CEOE en el último suspiro. ¿Es reversible la situación? Nadie lo sabe. Ni el Gobierno, que se prerara ya para legislar con o sin acuerdo, ni los agentes sociales, que volverán a compartir mesa y sala hoy en el enésimo intento por entenderse.

El mecanismo tradicional funciona así: patronal y sindicatos se ponen de acuerdo y trasladan posteriormente al Ejecutivo de turno su hoja de ruta para que éste transforme en norma lo pactado. Si no hay pacto, tiene dos opciones. O hace básicamente lo que le dé la gana o, como es el caso, procura recoger aquellos puntos en los que sí había entendimiento entre los agentes.

La reforma, ansiada por La Moncloa por ser la piedra de toque del proceso iniciado en el ámbito laboral y continuado en el financiero, ha sufrido sucesivos contratiempos que han llevado al Gobierno a lanzar amenazas hasta ahora nunca cumplidas. Los plazos no se han respetado -el 18 de marzo fue la primera fecha de referencia- y, aunque las filtraciones hablaban de consenso y sintonía en el grueso de la materia, en el fondo subyace una duda inherente al sistema español: ¿Están los agentes sociales a la altura de las exigencias -y los sacrificios- que demandan estos tiempos de crisis? La respuesta le llegó a Juan Rosell desde su propia organización, la CEOE, donde algunas voces, lideradas por la patronal madrileña CEIM, le acusan de pusilanimidad.

Ahí estuvo quizás el punto de inflexión. El lunes olía a éxito, pero Rosell se descolgó con un documento endurecido que Comisiones y UGT consideran "inasumible" porque se basa, arguyen, en la libertad de acción del empresario. Los sindicatos siempre han sentido pánico a un escenario desregulado, y ése podría ser precisamente el espíritu de los tiempos si se atiende a las pistas del presente. En una reciente sentencia, la sala de lo Social de la Audiencia Nacional da la razón a una empresa, Sauter Ibérica, que redujo un 10% el salario de su plantilla unilateralmente tras fracasar los contactos con los representantes de los trabajadores al acreditar "pérdidas sostenidas y una reducción significativa de la facturación". La citada compañía ya introduce una de las claves de la negociación colectiva, pues vincula la recuperación del 10% detraído a sus resultados y a la consecución de determinados objetivos. La evolución del IPC pinta cada vez menos en la actualización de los sueldos.

Si la palabra del Gobierno vale como referencia, esta vez no hay tutía: o se cierra un pacto esta misma semana o será lo que el Ministerio de Trabajo quiera.