Amnistía Internacional (AI) lamentó ayer que las autoridades españolas no hayan adoptado una serie de recomendaciones de los organismos internacionales sobre regímenes de detención, torturas, racismo e inmigrantes y criticó la suspensión de funciones del ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por intentar abrir una investigación sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

El informe lamenta la decisión del Consejo General del Poder Judicial de suspender a Garzón después de que el Tribunal Supremo le acusara de "infringir la Ley de Amnistía de 1977" y recuerda, al respecto, que las leyes de amnistía y las prescripciones de los delitos son "incompatibles con el Derecho Internacional" en los casos de desapariciones forzadas, torturas o crímenes de lesa humanidad.

El Informe Anual 2011 de AI, que fue presentado ayer por la sección española de la organización en Madrid, indica que a lo largo de 2010 se registraron denuncias de torturas y malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pese a lo cual el Gobierno no ha tomado medidas para recopilar y publicar estos casos, tal como preveía el Plan de Derechos Humanos aprobado por el Gobierno en 2008.

Además, el Gobierno ha perdido la "oportunidad" de modificar el Código Penal a fin de armonizarlo con las normas internacionales de Derechos Humanos, tal como había recomendado el Comité de la ONU contra la Tortura, según declaró en el acto de presentación la directora adjunta de AI-España, Eva Suárez-Llanos.

Otro aspecto destacado en el informe es la situación de los refugiados e inmigrantes en España. Según cifras del Ministerio del Interior, 3.632 inmigrantes irregulares llegaron a las costas españolas en 2010, una cifra inferior en un 50% respecto a 2009 y que refleja, a juicio de la directora adjunta, "la política de control e intercepción" puesta en marcha por el Gobierno.

El informe denuncia también que, a lo largo de 2010, al menos 73 mujeres murieron violentamente a manos de sus parejas o antiguas parejas, 27 de las cuales eran inmigrantes.

Las víctimas de la violencia de género siguen "encontrando numerosos obstáculos para conseguir una reparación justa y oportuna", en especial las mujeres migrantes en situación irregular, que son las que menos se arriesgan a denunciar la violencia de género ante la Policía por temor a ser expulsadas, añadió AI.

El documento lamenta también que el Gobierno no haya aplicado las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre racismo y xenofobia, pese a haberlas apoyado expresamente, ni las disposiciones del Plan de Derechos Humanos de 2008 del propio Ejecutivo "dirigidas a establecer una estrategia nacional para combatir el racismo".

Otra "oportunidad perdida", según Suárez-Llanos, ha sido la decisión del Gobierno de Zapatero de no introducir en el nuevo Código Penal, aprobado el pasado mes de junio, una definición de ciertos delitos contenidos en el Derecho Internacional, como la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial.

El informe recuerda también que ETA mató en marzo de 2010 a un agente de Policía francés durante un tiroteo ocurrido en Danmarie-lés-Lys, cerca de París, y destaca como una "buena noticia para los Derechos Humanos" la decisión de la banda terrorista de declarar una suspensión de las acciones armadas ofensivas el 5 de septiembre.