Amnistía Internacional (AI) defiende la investigación del juez Baltasar Garzón sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. El director de dicha organización, Esteban Beltrán, aseguró ayer que España no puede ser una "excepción mundial" que incumpla las exigencias del derecho internacional, como investigar los crímenes del pasado y proteger a las víctimas, y cree que está "en una encrucijada".

En una rueda de prensa al respecto de la iniciativa emprendida por el magistrado, Beltrán planteó que "o se sigue el camino de la verdad, la justicia y la reparación" iniciado en una treintena de países en los que también se cometieron crímenes contra la humanidad o el de "los obstáculos interminables y el no respeto de sus compromisos como nación". "Porque la encrucijada de investigar o no graves crímenes contra la humanidad no es un dilema moral ni un principio ético. Investigar, localizar fosas, exhumar restos e investigar los posibles autores y reparar a las víctimas es un imperativo legal según todos los instrumentos internacionales ratificados por España", subrayó el director de AI.

Así, Beltrán criticó las alegaciones del Ministerio Fiscal para "frenar la acción de la justicia" y "obstaculizar" los intentos legítimos de los familiares para obtener una tutela judicial a su desamparo. De este modo, dijeron sentirse sorprendidos ante la medida dado que la Fiscalía es el principal defensor de la legalidad y de los derechos de las víctimas.

Según Beltrán, el Comité de Derechos Humanos de la ONU al que se sometió España y "aceptó sus reglas", está mirando qué camino eligen las autoridades en relación con las víctimas del franquismo y la guerra. Por ello, dijo que "si siguen el camino de no respetar sus compromisos como nación y no investigar los casos, estarían fuera de la legalidad internacional".

AI aprovechó el acto para presentar el documento Mitos y distorsiones, con el que pretende desmontar trece de los argumentos de la Fiscalía para paralizar las exhumaciones, entre ellos, la afirmación de que la Ley de Memoria Histórica impide las acciones judiciales, que los crímenes han prescrito o que quedaron absueltos con la Ley de Amnistía de 1977.

La singularidad española respecto de otros países, apuntó Beltrán, reside en que un juez -y no el Ministerio Público- es quien impulsa una investigación sobre los crímenes del pasado y en que, además, este último se encarga de "obstaculizar" un proceso que restauraría los derechos de los familiares de los desaparecidos. Las víctimas identificadas de desapariciones forzadas en España durante la guerra y la dictadura, que ascienden a 114.000, superan a las registradas en toda Latinoamérica en 40 años. Beltrán señaló que de la treintena de países en los que se han cometido desapariciones forzadas, "sólo España" ha eludido la creación de una "comisión de la Verdad" para saber qué sucedió exactamente, lo que no excluiría la acción penal.