La Audiencia Nacional considera que el juez Baltasar Garzón pudo haber cometido falta grave, y no sólo leve como se consideraba hasta ahora, por la excarcelación por error de dos narcotraficantes turcos, uno de los cuales se ha fugado recientemente. Por eso, devuelve la causa al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque, según argumenta, la responsabilidad del magistrado podría haberse agravado tras conocerse este hecho.

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional devolverá el expediente disciplinario abierto al juez Baltasar Garzón al CGPJ por considerar que la recientemente conocida fuga de uno de los dos narcotraficantes turcos que excarceló por error puede ser sancionada como falta grave, con multas de entre 300 y 3.000 euros, en vez de leve, sancionable con entre una advertencia y 300 euros, como ocurría hasta ahora. Este órgano, compuesto por el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, y los distintos presidentes de Sala, aprobó por unanimidad elevar la cuestión al Consejo "por si procediera, en su caso, efectuar nueva valoración de los hechos atendidas las circunstancias sobrevenidas que se acaban de poner de manifiesto". La reunión contó con la ausencia de Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal.

La Audiencia Nacional, que no tiene competencia para decidir sobre faltas graves, se ampara en el artículo 425 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para trasladar la causa al órgano de gobierno de los jueces que sí tiene la competencia para decidir sobre las sanciones a imponer ante la comisión de faltas graves, como en la que presuntamente habría incurrido Garzón. En concreto, el punto cuarto de este artículo indica que "cuando esta autoridad entienda procedente una sanción de mayor gravedad que las que están dentro de su competencia, elevará el procedimiento, con su propuesta, a la que sea competente".

Este hecho ocurre una vez que el CGPJ trasladara al tribunal la causa para que estudiara los hechos por falta leve por excarcelación en diciembre de 2008. Un mes después, la Audiencia abrió expediente disciplinario a Garzón, realizado por el presidente de la Sección Séptima de los Contencioso Administrativo, José Luis López Muñiz. Los dos narcotraficantes fueron excarcelados al haber caducado por unos días el plazo para prorrogar en dos años la situación preventiva en que se encontraban.

"Especial diligencia"

El expediente al juez Garzón fue solicitado el pasado mes de octubre a raíz de la denuncia del sindicato Manos Limpias tras conocerse en la prensa la puesta en libertad de los dos narcotraficantes. En el informe realizado por el Servicio de Inspección del CGPJ se advertía al magistrado de la exigencia de "una especial diligencia en el control de los plazos de los sometidos a estas medidas cautelares que, si se infringe, debe conllevar una respuesta disciplinaria".

Por su parte, Baltasar Garzón advirtió de que la denuncia de Manos Limpias se basa en una información periodística a la que reprochaba "falta de datos relevantes". Sin embargo, asumió, en cuanto a titularidad de juzgado, que él es el único responsable de la situación de los presos preventivos y que desde la Fiscalía "en ningún momento se advirtió o se avisó del agotamiento del plazo". Este procedimiento disciplinario caduca el 9 de julio.