El juez Santiago Pedraz investiga a siete responsables políticos y militares del actual gobierno chino, dos de ellos ministros, como supuestos autores de un delito de lesa humanidad por dirigir desde el pasado 10 de marzo un ataque "generalizado y sistemático contra la población tibetana", causando 203 muertes, 1.000 heridos graves y 5.972 desaparecidos.

Así lo acuerda el magistrado de la Audiencia Nacional a tres días de los Juegos Olímpicos, que se celebrarán a partir del día 8 en Pekín, en un auto en el que admite a trámite la querella interpuesta por estos hechos por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y Tubten Wahghen Sherpa Sherpa.

El juez considera que la Justicia española es competente para la investigación de estos hechos, que pueden ser constitutivos, según indica el auto, de un crimen contra la humanidad y, en concreto, de lesa humanidad, "dada la supuesta causación intencionada de muerte o lesiones graves, la desaparición forzada, la detención (...) con infracción de las normas internacionales (...) y las torturas".

Según el auto, la población tibetana es un grupo o colectivo perseguido por las autoridades por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".

Los siete políticos y militares chinos ahora imputados en esta causa son: el ministro de Defensa, Lian Guanglie; el ministro de Seguridad del Estado, Geng Huichang; el secretario del Partido Comunista Chino en la región autónoma del Tíbet, Zhang Qingli, y el miembro del Politburó en Pekín Wang Lequan.

La investigación también afecta al líder de la Comisión de Asuntos Étnicos, Li Dezhu; el comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa, el general Tong Guishan, y el comisario político del comando militar de Chengdu, el general Zhan Guihua.

"Antes de formalizar el traslado de la querella a los inculpados -destaca el auto- requiérase a los querellantes para que identifiquen completamente y reseñen la filiación de los querellados".

Pedraz cita además a declarar como testigos para el 4 de septiembre al responsable de seguridad del gobierno tibetano en el exilio y al director del centro tibetano para los derechos humanos y la democracia del Ministerio de Seguridad del gobierno tibetano en el exilio y para el 7 de septiembre al responsable del reciente informe de Amnistía Internacional sobre la represión en el Tíbet.

Otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tiene abierta desde 2006 una causa en la que investiga el supuesto genocidio perpetrado por el Gobierno chino en el Tíbet durante las décadas de los ochenta y de los noventa.

Moreno comenzó a investigar este supuesto genocidio tras admitir por orden de la Sala de lo Penal la querella por estos hechos que él en un principio acordó archivar al considerar que la Justicia española no era competente para investigar estos hechos.

La Audiencia Nacional se declaró el 10 de enero de 2006 competente para investigar el genocidio denunciado ante la imposibilidad de que pudiera ser investigado por tribunales chinos o por el Tribunal Penal Internacional.