El Tribunal Supremo ha ordenado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigue para comprobar o descartar una queja interpuesta por dos abogados contra el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en relación a su actividad en Estados Unidos, durante el permiso por estudios que éste disfrutó entre marzo de 2005 y junio de 2006. Además, critica que se archivara la denuncia  el año pasado sin realizar "ningún tipo de actividad complementaria que descarte unos hechos que podrían constituir una posible responsabilidad disciplinaria".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha solicitado al órgano de Gobierno del Poder Judicial que realice las indagaciones necesarias en torno a una queja presentada por los letrados Antonio Panea y José Luis Mazón contra el juez Garzón, en relación a las actividades que desarrolló en Nueva York durante su permiso de estudios. Así, el magistrado José Díaz Delgado estima el recurso de casación contra la decisión de archivar de plano la queja en mayo de 2008.

Un año más tarde, en abril de 2009, la Sala de lo Penal del Supremo archivó la querella criminal contra Garzón por estos mismos hechos, aunque ordenó al CGPJ que investigara la posible responsabilidad disciplinaria por la percepción de 203.000 dólares, mientras se le ingresaba el sueldo íntegro de juez. Fuentes de la Comisión Disciplinaria del CGPJ señaló que es previsible que ambas investigaciones se acaben acumulando, al ser su contenido coincidente. 

Según la sentencia, los hechos denunciados "tienen una gravedad evidente, que exigía del Consejo General su comprobación". Dicha gravedad queda acreditada por el hecho de que la Sala Segunda de lo Penal del Supremo dedujera testimonio el pasado mes de abril de los mismo hechos y abriera unas diligencias informativas cuya tramitación aún está pendiente.

Según los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, que firmaron la querella criminal contra Garzón por sus cobros en EE.UU., el magistrado "gestionó y obtuvo del Banco Santander los fondos necesarios" para celebrar dos jornadas que llevaban por título 'Diálogos Atlánticos' y 'Derechos Humanos en América Latina'. Mientras tanto, la Abogacía del Estado pidió el archivo de la causa ya que "el pleito ha perdido su objeto" una vez que el CGPJ haya abierto diligencias informativas por los mismo hechos en el mes de abril.

Por su parte, la sentencia del Supremo afirmó que "no es coherente que habiéndose ejercido una mínima actividad por parte del Consejo General del Poder Judicial -únicamente se pidió informe a Garzón, que ejerció su derecho a no pronunciarse- no realice ningún tipo de actividad complementaria que descarte unos hechos que podrían constituir, de ser adverados, una posible responsabilidad disciplinaria".