Con casi dos años de retraso, puesto que su mandato había finalizado en noviembre de 2006, PSOE y PP han logrado cerrar el acuerdo sobre la renovación de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ahora tendrán que elegir al presidente del órgano de gobierno de los jueces, a la sazón del Tribunal Supremo.

Los nuevos vocales deberán ser elegidos por los plenos del Congreso y del Senado, diez por cada uno de las Cámaras, los próximos días 16 y 17 de septiembre. Tomarán posesión de su cargo el 23 de septiembre, seis días antes de que se produzca la apertura del Año Judicial, prevista para el día 29 y que fue retrasada precisamente porque los socialistas no querían que ese acto fuera presidido por el presidente del Supremo saliente, José Francisco Hernando.

El acuerdo para la elección de los vocales del CGPJ es el primero alcanzado por el PSOE y el PP en la presente legislatura y es fruto de la reunión que mantuvieron en julio el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y el líder del PP, Mariano Rajoy.

De los vocales propuestos por los partidos, en el caso del PSOE seis son magistrados, dos fiscales y un jurista de reconocido prestigio, catedrático de Derecho Penal. En el caso del PP, siete son magistrados, y dos son juristas de reconocido prestigio, uno letrado en Cortes y el otro presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales. Los otros dos vocales propuestos por el CiU y el PNV, son del cupo de juristas de reconocido prestigio y ambos fueron parlamentarios en la legislatura pasada.

Todos los magistrados elegidos para vocales pertenecen a asociaciones de jueces a pesar de que la mitad de todos los jueces no están afiliados a ninguna de ellas. En el CGPJ que ahora termina sus funciones tres eran no afiliados.

De las siete mujeres que estarán presentes en el nuevo órgano de gobierno de los jueces destaca la presencia de Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior cuando Juan Alberto Belloch fue ministro de Justicia e Interior y magistrada en el Tribunal Supremo en la Sala de lo Contencioso Administrativo; la de Gema Gallego, propuesta por el PP que fue instructora del caso del ácido bórico, uno de los pilares de la teoría de la conspiración sobre el 11-M en el que estaban inculpados varios jefes policiales que luego fueron absueltos por la Audiencia de Madrid; y Concepción Espejel, también propuesta por el PP de 49 años, juez desde 1983, y actualmente en la Audiencia Provincial de Guadalajara, donde se encargó del incendio del Alto Tajo en el que murieron once personas y que revocó un informe pericial que descartaba la existencia de negligencias en ese suceso.

El acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el Poder Judicial pone fin a la anormalidad institucional que suponía que este órgano llevara casi dos años en funciones, pero no cumple el principal objetivo de ambos partidos: el nuevo Consejo no es más plural y sí más político. Así se deduce de una primera lectura de la lista de los nuevos vocales, con una ex secretaria de Estado (Margarita Robles), un consejero autonómico del PP (Fernando de la Rosa) y dos ex diputados nacionalistas (Ramón Camp y Margarita Uría). También cabe dudar de que el Gobierno socialista haya logrado su objetivo de trasladar al Poder Judicial la mayoría progresista que reflejaron los resultados electorales de 2004 y del 9-M, ya que el PP -con nueve vocales- se asegura una minoría de bloqueo que hará imprescindible su acuerdo para las decisiones más importantes, en las que se requiere una mayoría de tres quintos.