El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha afirmado este jueves que todas las actuaciones practicadas en el caso Brugal, en el que fue detenido y posteriormente puesto en libertad el presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, han contado con las autorizaciones judiciales pertinentes.

Así lo ha asegurado el titular de Justicia en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso antes de comparecer ante la Comisión Mixta para la UE para hacer balance de la presidencia española en materia de Justicia.

Tras insistir en que "estamos ante un proceso judicializado", en el que se mantiene el secreto, pero que se inició mucho antes, Caamaño ha subrayado que existe un auto de entrada y registro, que todas las actuaciones han contado con las autorizaciones judiciales correspondientes para llevarlas a cabo y que la Fiscalía ha actuado dentro de lo que determina la ley en todas sus decisiones.

El ministro ha criticado también que el PP normalmente alabe las actuaciones de la Policía, los jueces y los fiscales en casos de corrupción, salvo cuando "afectan curiosamente al Partido Popular", ante lo que ha recordado que la ley "se aplica igual" para todos.

"A toda clase de delincuentes y también al PP", ha dicho.

De esta forma se ha pronunciado Caamaño después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, instructor del caso Brugal, afirmara este miércoles en un comunicado que no tenía ninguna comunicación policial sobre el número de detenidos, su puesta en libertad ni fecha de comparecencia judicial.