El Gobierno catalán acordó ayer recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el real decreto-ley sanitario impulsado por el Ejecutivo central, aunque de momento piensa seguir aplicando su contenido en Cataluña.

Así lo decidió el Gobierno catalán en su reunión de ayer, después de que se conociese el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, que considera que varios preceptos del real decreto-ley de medidas urgentes sobre sanidad son contrarios a la Constitución y vulneran competencias de la Generalitat.

El portavoz de la Generalitat, Françesc Homs, anunció que el Ejecutivo catalán hace suyas "por automatismo" las consideraciones del dictamen e iniciará los trámites correspondientes para presentar recurso ante el TC.

No obstante, recriminó a la oposición, especialmente a los socialistas, que hagan un "llamamiento" a no cumplir este decreto: "Resulta muy sorprendente que el principal grupo de la oposición llame a la insumisión legal, a no aplicar una ley en vigor".

"La ley nos puede no gustar, podemos considerar que vulnera las competencias de Cataluña, pero los gobiernos deben procurar moverse en el marco de la aplicación de la ley", subrayó el portavoz del Gobierno catalán.

Homs destacó que la Junta de Andalucía, gobernada por "socialistas en coalición con comunistas", sí que "aplicará este real decreto ley", según consta en su plan económico y financiero, donde se aparca la gesticulación y se da un "baño de realismo".

"A veces hay una distancia demasiado grande entre aquello que se dice desde la oposición y lo que se hace cuando se está en un Gobierno", contrastó, dirigiéndose a los socialistas.

Por otra parte, Homs enfatizó que las interpretaciones que políticos y medios de comunicación han hecho del dictamen, en el sentido de que la restricción de la cobertura sanitaria para los inmigrantes sin papeles es inconstitucional, no son correctas.

El dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, subrayó, dice que la decisión del Gobierno a este respecto "es legítima y es correcta", aunque sí cuestiona que se pueda restringir la cobertura de los españoles mayores de 26 años si no han cotizado.

Homs matizó que, aunque el Gobierno catalán no piensa desobedecer el decreto de reforma sanitaria del Ejecutivo español, si garantizará que cualquier extranjero sin permiso de residencia sea atendido "si tiene una urgencia sanitaria", si bien ha reconocido que existe un "margen para la interpretación" sobre lo que es urgente o no.

Según Homs, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra un real decreto ley del Gobierno de Mariano Rajoy no tiene por qué enturbiar las relaciones con el PP.

Pese a los rumores de que el Gobierno central podría contraatacar con un recurso contra la decisión de CiU en la Generalitat de implantar un copago por receta farmacéutica, Homs se mostró confiado en que esta amenaza no se ejecutará.