El director de Comunicación del Ministerio del Interior, Albert Gimeno, ha puesto su cargo a disposición de los responsables del departamento después de que el miércolesse informara de la detención de los interlocutores de los presos de ETA antes de que se produjera el arresto. Según fuentes de Interior, Gimeno ha presentado su dimisión, aunque todavía no ha trascendido si ha sido aceptada.

El departamento de prensa de Interior comunicó el miércoles a las 15:06 que la Guardia Civil había practicado varias detenciones en el País Vasco y Navarra relacionadas con el entorno de abogados y del colectivo de presos de la banda terrorista, aunque no facilitó ni número ni nombres. Una vez constatado que los agentes ni siquiera habían iniciado la operación, prevista para más tarde, Interior remitió veinticinco minutos después una nota anulando a todos los efectos la anterior. Esa anticipación provocó el malestar de los agentes que formaban el operativo que incluso pudo afectar a su resultado porque los detenidos tuvieron tiempo de ocultar pruebas.

El fiscal ha pedido un informe sobre la filtración a Interior

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al Ministerio del Interior un informe sobre la nota que emitió adelantándose a la operación de la Guardia Civil contra los interlocutores de los presos de ETA, una filtración que el departamento de Jorge Fernández Díaz achaca a un "error humano". Un día después del arresto de ocho de estos interlocutores, que ya se encuentran en dependencias de la Guardia Civil en Madrid, el Ministerio del Interior ha vuelto a ser objeto de las críticas de partidos y asociaciones de las fuerzas de seguridad del Estado por haber informado de las detenciones antes de que los agentes salieran de sus acuartelamientos.

Oficialmente, Interior no ha ofrecido hasta el momento ninguna versión, aunque fuentes conocedoras de lo sucedido han explicado que la filtración se debió a un "error humano", una versión que ha trasladado a la Fiscalía. La Fiscalía ha ordenado abrir diligencias informativas para estudiar si los hechos tienen relevancia penal y, para ello, se ha solicitado ese informe a Interior, aunque se cree que todo apunta a un error por lo que previsiblemente se acabará archivando este asunto.

Mientras, han concluido los registros del despacho de la abogada detenida Arantza Zulueta, en Bilbao; del domicilio del letrado, también arrestado en la operación, Jon Enparantza en San Sebastián y de su despacho en Hernani, y de los efectuados en Navarra. Además de estos dos, la Guardia Civil detuvo a Egoitz López de la Calle, Aitziber Sagarminaga, José Luis Campos, Aintzane Orkolaga, José Miguel Almandoz y Asier Aranguren. Todos ellos han sido trasladados a Madrid a primera hora, salvo Zulueta, que ha permanecido varias horas en Bilbao para presenciar el registro del despacho del senador de EH Bildu y abogado de presos de ETA Iñaki Goioaga, aunque finalmente no se ha podido acceder porque no se ha localizado al parlamentario, que no está imputado y además es aforado. Precisamente, este despacho se encuentra en el mismo edificio que la oficina donde fueron detenidos seis de los arrestados, entre ellos Zulueta y Enparantza.

La Guardia Civil quería registrarlo ante la posibilidad de que en el despacho del senador, que no ha acudido a su oficina, los detenidos pudieran haber escondido objetos antes de que llegaran los agentes. El local ha quedado precintado por si se ordena un registro. De momento no ha trascendido el contenido de lo incautado, como tampoco se ha confirmado si la filtración de Interior permitió a los arrestados destruir pruebas o encriptar documentos de los ordenadores.

En cualquier caso, las reacciones a lo ocurrido se han sucedido a lo largo del día. Así, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha denunciado la "burda orientación mediática" de la operación policial que, según él, es un "paso atrás" y manifiesta la "ligereza y el cortoplacismo" del Ejecutivo central. Mientras, los partidos de EH Bildu han ratificado su compromiso con la defensa de los derechos de los presos de ETA y han considerado "evidente" que el Gobierno del PP "está empeñado" en "impedir" que el proceso de paz avance.

Desde el Congreso, el grupo parlamentario del PNV ha solicitado la convocatoria urgente de la Comisión de Interior de la Cámara para que Fernández Díaz dé explicaciones sobre el incidente, al igual que ha demandado UPyD, que quiere que el ministro explique el "error" cometido y que se depuren responsabilidades. Más contundente se ha mostrado el diputado de IU Alberto Garzón, que ha acusado al Gobierno de actuar "con odio" y "al dictado" de los "ultras" de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) con la operación que, a su juicio, está "torpedeando el proceso de paz".

Los populares, según su portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, confían en que el Ministerio del Interior aclare a la Fiscalía las razones por las que adelantó la operación, pero han subrayado que lo "esencial" es que se asestó un "golpe muy duro a ETA", lo que demuestra la "posición firme" del Gobierno contra la banda. Igual que hicieran otros sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles, la organización mayoritaria en el instituto armado, la AUGC, ha exigido a Fernández Díaz que "dé la cara" de manera "urgente" para explicar por qué se informó antes de tiempo del resultado de la operación.

El PSE apoya en San Sebastián una declaración contra las detenciones

Por su parte, el PSE-EE ha unido su voto al de Bildu y el PNV en el Ayuntamiento de San Sebastián para aprobar una declaración institucional que considera que operaciones policiales como la desarrollada en el País Vasco y Navarra "suponen un obstáculo en el actual contexto político" de Euskadi. La Junta de Portavoces, a la que no ha asistido el PP, ha opinado que la operación, "que se ha saldado con la detención de ocho ciudadanos vascos, de los que tres son donostiarras", constituye un "obstáculo" a la "esperanza extendida de que se afiance el proceso de construcción de la paz y la convivencia democrática", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El texto exige "respeto" a los "derechos humanos, civiles y políticos de todos los ciudadanos vascos" y solicita la "resolución judicial inmediata de este procedimiento, evitando la vulneración de estas personas ahora detenidas". La Junta de Portavoces del Ayuntamiento donostiarra ha pedido a los ciudadanos de la capital guipuzcoana, así como al conjunto de la sociedad vasca, que "siga trabajando y reivindicando la defensa de todos los derechos para todos los ciudadanos, máxime en este contexto político en el que todos debemos trabajar para construir y afianzar la paz".