El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una moción presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) por la que insta al Gobierno a que suprima los ministerios de Cultura, Vivienda e Igualdad para moderar el gasto. El documento, que también fue apoyado por PP, CiU y PNV, propone que estas carteras se incorporen a los ministerios de Educación, Fomento y Sanidad y Asuntos Sociales, respectivamente.

El Congreso de los Diputados instó al Gobierno a que supriman los ministerios de Cultura, Vivienda e Igualdad ante la necesidad de reducir la estructura de la Administración General del Estado. La redacción planteada por ERC fue aprobada punto por punto con los 173 votos de PP, CiU, PNV y ERC, frente a los 170 diputados que votaron en contra. Los dos parlamentarios de IU-ICV se abstuvieron.

El texto exige al presidente del Gobierno la desaparición de esos tres ministerios "de forma que sus actuales atribuciones pasen a ser asumidas por Educación, Fomento, y Sanidad y Asuntos Sociales, respectivamente". Ridao abogaba por la racionalización y la reducción de la estructura de la Administración General del Estado mediante "austeridad, eficiencia, moderación de gasto y cumplimiento de la lealtad institucional, con el objetivo de mejorar la eficacia y permitir la adecuada financiación autonómica". 

Del mismo modo, el Congreso de los Diputados, con el voto en contra del PSOE, solicitó al Gobierno que presente ante la Cámara Baja, atendiendo a los criterios de austeridad, eficiencia y eficacia, un Plan de Modernización y Reforma de la Administración General del Estado. Asimismo, insta a adoptar con carácter "inmediato" las directrices necesarias para reducir el consumo energético, así como el gasto corriente en correo ordinario, teléfono, publicaciones y comunicaciones, intensificando el uso de las nuevas tecnologías.

Igualmente, emplaza al Ejecutivo a remitir al Congreso el informe del cumplimiento de los principios éticos y de conducta del Código de Buen Gobierno que el Ministerio de Administraciones Públicas eleva anualmente al Consejo de Ministros. Además, se le emplaza a presentar antes del próximo periodo de sesiones un informe sobre la estructura del Gobierno y la Administración General del Estado para "mejorar" la coordinación interadministrativa y evitar duplicidades en prestación de servicios".

Sin embargo, PSOE y PP rechazaron en la votación la intención de ERC de que el Ejecutivo garantice el equilibrio vertical en el reparto de los recursos públicos en el futuro modelo de financiación autonómica. Además, ERC quiso imponer que al menos el 9,2 por ciento de los actuales recursos del Estado se destinen a las Comunidades Autónomas atendiendo al hecho de que el gasto en éstas ha crecido a un ritmo anual del 10,1 por ciento desde la adopción del vigente modelo, pero su propuesta fue rechazada.

Gracias al voto conjunto de PSOE y PP, también se rechazó el punto para que el Gobierno dé cuentas cada seis meses al Congreso de las medidas de reforma que, en relación con los servicios de los Departamentos ministeriales y organismos de ellos dependientes, haya adoptado en el periodo inmediatamente anterior.

Según el diputado de ERC, Joan Ridao, esta iniciativa persigue lograr "reglas del juego más claras", y apostó por la "racionalidad" y el "ahorro simplemente reorganizando algunos servicios, eliminando duplicidades, esto es, poniéndose a dieta o haciendo operación bikini". 

Además, criticó que en época de crisis no se vea en la Administración General del Estado el "compromiso de racionalización del Gobierno". "El Gobierno es conservador y no reduce su estructura y paradójicamente, por contra, aparece un vicepresidente más y un Ministerio más, con la consiguiente red tupida de altos cargos", sentenció. Asimismo, añadió que hay Ministerios "enteros que no se ajustan al reparto competencial y responden al intento de que el Estado no pierda músculo ante la inevitable descentralización del Estado de las Autonomías". 

Por su parte, el diputado del PP Rafael Merino arremetió contra la última remodelación de Gobierno de hace dos meses, que a su juicio provocó "más gasto público y gasto improductivo, además de crear un Gobierno que no se sabe de donde viene y a donde va, con más gasto, más derroche y menos operatividad". 

"La moción de ERC habla de austeridad, eficiencia, eficacia. Si estamos en una Administración cada día más electrónica, cómo es posible que no acometan ni una sola reforma en ella. Necesitamos que la Administración sea más flexible y que se reduzca el gasto", agregó el diputado popular, cuya formación intentó sumar una enmienda para eliminar la Vicepresidencia Tercera y el Ministerio de Política Territorial encabezados por Manuel Chaves.

Mientras tanto, el parlamentario socialista Rafael Román afirmó que la iniciativa "busca exclusivamente", y por eso "llama la atención" el apoyo de PP, "fragilizar la estructura de Gobierno del Estado". Subrayó que "ese es el hilo conductor, invisible pero se siente, como la mano del mercado, que decía Adam Smith".

Por último, defendió la "austeridad" del Gobierno e indicó que la remisión de informes al Parlamento no es algo problemático para el Gobierno, si bien puntualizó que lo relacionado con la financiación autonómica tiene su foro en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), por lo que se preguntó "dónde está ahí el respeto de ERC" a las competencias.

En cuanto al resto de partidos, el diputado de CiU, Jordi Jané afirmó que comparten la necesidad de "austeridad, eficiencia y mayor eficacia", así como la de "hacer balance del proceso de desburocratización de la Administración, el nivel de adelgazamiento que se puede llegar a imprimir a los organismos públicos, siempre bajo el principio de lealtad institucional", ya que las transferencias deberían haber acarreado una "menor cantidad de duplicidades por parte del Estado".

El diputado Pedro Maria Azpiazu (PNV), también anunció su apoyo a la moción por compartirla "al cien por cien". Planteó que en momento de crisis la "gran reforma pendiente del gasto público deviene en urgente e imprescindible" y añadió que "no hacer nada es una enorme irresponsabilidad".

Finalmente, José Luis Perestelo, del Grupo Mixto, calificó de "buena y positiva" la iniciativa y habló de "planteamiento razonable" porque la definición del marco competencial sigue siendo una "asignatura pendiente". "Hasta que no llegue esa definición no habrá respuesta a la participación de las Comunidades Autónomas en los recursos del Estado", concluyó.