El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el incidente de ejecución por desobediencia que el Gobierno promovió contra el Parlamento de Cataluña por la creación de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente. El tribunal de garantías abre así el incidente de ejecución de sus sentencias previsto en la reciente reforma de la Ley Orgánica del Constitucional aunque, según ha informado en una nota, "queda pendiente la resolución".

En primer término, lo pedido por el Ejecutivo en su escrito era la anulación de la comisión del Parlamento por parte del Constitucional, pero la decisión adoptada por el tribunal no conlleva esa medida. Fuentes del alto tribunal informaron de que la admisión del incidente no implica que se desaten las medidas coercitivas previstas por la reforma, sino que se van a estudiar y, en su caso, se adoptarán en un auto futuro.

La reforma del Tribunal Constitucional impulsada por el Grupo Popular implica, para un caso como el presente, que se produzca una advertencia a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y a los miembros de esa comisión de que pueden estar cometiendo delito de desobediencia. El Constitucional, de hecho, ya ha solicitado sus alegaciones y las del fiscal, que ya obran en poder de los magistrados. Las medidas previstas para que el Constitucional obligue a que se cumplan sus sentencias podrían conllevar también multas coercitivas, acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento o encomendar al Gobierno de la Nación, aun en funciones, la ejecución de su fallo, además de las acciones penales que considerase adecuadas el fiscal.

El Gobierno pidió en enero al Constitucional que anulase la creación por el Parlamento de Cataluña de la citada comisión, con el argumento de que infringe la reciente sentencia del tribunal de garantías que declaró inconstitucional la declaración independentista. En ese escrito el abogado del Estado señalaba que la citada comisión es "un acto frontal de desacato y de manifiesto incumplimiento". Por eso pedía al Constitucional que "requiera a la señora presidenta del Parlamento de Cataluña y a los miembros de la citada comisión" de que deben abstenerse de esa iniciativa e "impedir" cualquier otra que ignore la sentencia del Constitucional. Además, el Constitucional debería apercibirles "de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir", pedía el Gobierno.