El Tribunal Constitucional afronta con muchas dudas la posibilidad de suspender provisionalmente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para obligarle a cumplir sus sentencias, y no prevé llegar a tomar esa decisión de oficio ni, probablemente, aunque el Gobierno se lo pida.

Las dudas existentes entre magistrados de distinta orientación ideológica -así se lo han manifestado a Efe tres fuentes distintas del TC- no suponen que, hoy por hoy, sea imposible la suspensión al president si incumple las resoluciones. Pero sí implican que, por diferentes motivos, resulte altamente improbable.

El Alto Tribunal suspendió cautelarmente el pasado mes de abril las partidas de los presupuestos catalanes destinadas a la celebración del referéndum. Aquella resolución apercibía al Govern, de manera muy detallada en sus órdenes y prohibiciones, de que debía acatar el fallo.

Es una de las resoluciones del TC que se incumplirían si se convocara el referéndum independentista catalán. Si el Govern lo hiciera, y ante un incidente de ejecución, el Alto Tribunal reaccionaría, en primer lugar, anulando el acto administrativo de la convocatoria. La fiscalía actuaría después por desobediencia.

Más allá de este punto, la decisión de suspender a Puigdemont debería recaer en el Gobierno y el Senado (así lo permite la Constitución en su artículo 155), opinan las fuentes del TC consultadas. Poner al tribunal en el brete de ser quien adoptara tal medida suscita muchas inquietud entre los magistrados: por ejemplo, no están seguros de cómo responderían las instancias europeas. Y, sobre todo, se resisten a entrar en el ámbito penal y político.

Además, por un lado, la norma que deberían aplicar, la Ley Orgánica del TC en su versión reformada por el PP en 2015, fue recurrida ante el propio TC y, aunque fue avalada por la mayoría, no suscitó la unanimidad de los magistrados.