El presidente de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, presentó ayer su reforma del Ministerio Fiscal, cuya medida más ambiciosa pretende que el Congreso tenga la última palabra en la elección y cese del fiscal general para, de esta forma, "pasar a tener un fiscal general del Estado y no del Gobierno de turno".

Rivera detalló, en una rueda de prensa junto al portavoz de Justicia de la formación naranja, Ignacio Prendes, la proposición de ley de reforma del Estatuto Fiscal, prevista en el pacto de investidura firmado con el PP y que busca evitar la injerencia de la política en la Justicia.

La "clave" de esta propuesta, según Rivera, es que sea el Congreso el que tenga la última palabra en el nombramiento y también en el cese de este cargo.

Tras recibir la propuesta del Gobierno y una vez oído al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Consejo Fiscal, la Cámara Baja ratificaría el nombramiento del fiscal general del Estado con una mayoría parlamentaria de dos tercios, previa comparecencia del candidato ante la Comisión de Justicia.

Sería ahí donde los diputados podrían someter a los candidatos a las preguntas que considerasen oportunas, como "si tienen cuentas en Suiza", algo que, a juicio de Rivera, es "fundamental" para que el nombramiento "pase por un control parlamentario serio y riguroso".

Para el cese, se necesitaría que una quinta parte de la Cámara propusiera la medida y la decisión final requeriría del apoyo de dos tercios del arco parlamentario.